Senado aprueba nuevas deudas y patea vigentes a otros gobiernos
El Senado aprobó este jueves dos de los nuevos préstamos pedidos por el gobierno de Mario Abdo Benítez: U$S 125 millones para programas sociales, U$S 47 millones para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), y el polémico proyecto de administración de la deuda pública de Benigno López, que la oposición ve como un “endeudamiento solapado”.
Contrariamente a las acusaciones que le formulaban los liberales Fernando Silva Facetti y Zulma Gómez, de haber pactado con el gobierno su apoyo a estos nuevos paquetes de deuda a cambio del acuerdo firmado la semana pasada con las organizaciones campesinas movilizadas en Asunción, la bancada del Frente Guasú votó por el rechazo de los tres proyectos.
Y paradójicamente, Silva Facetti, que se había mostrado a El Nacional sumamente crítico con la nueva toma de préstamos internacionales pedidos por el Ejecutivo, votó a favor del empréstito de U$S 125 millones destinados a programas sociales, aprobado hoy en el Senado por 22 votos a favor. No así su colega Zulma Gómez que sumó a los 14 votos en contra.“Es un préstamo para programas sociales”, se excusó Silva Facetti, consultado por este diario. El parlamentario liberal no acompañó, sin embargo, el otro empréstito aprobado, como tampoco el proyecto de Hacienda sobre la deuda pública.
El paquete aprobado será destinado al sostenimiento del del programa Pytyvõ 2.0, con U$S 50 millones; Tekoporã, del Ministerio de Desarrollo Social, con U$S 2.7 millones; el Programa Mi almuerzo escolar en familia, del Ministerio de Educación y Ciencias, con U$S 4 millones; el Programa Abrazo, del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, con U$S 300 mil y el Programa de Conectividad, de la Secretaría Nacional de la Juventud, con U$S 1 millón.
También destinará un segundo aporte de U$S 50 milllones al Instituto de Previsión Social (IPS), y U$S 17 millones distribuidos en partes iguales entre las gobernaciones.
Los U$S 47 millones destinados a la cartera de Dani Durand quedaron en el ojo de la tormenta, cuando acaba de salir un informe de 250 páginas de la Contraloría General de la República (CGR), que da cuenta de sobrefacturaciones, mala gestión, y la ejecución de solamente el 45% de los G. 100.000 millones asignados.
Espiral de endeudamiento
La oposición consideró como “manejo de aplanadora” la mayoría de senadores que aprobó los nuevos paquetes de bonos soberanos pedidos por el gobierno.
El proyecto de Benigno López de administración de deuda pública, que le otorga al Poder Ejecutivo la reprogramación de vencimientos de una manera que la oposición considera “discrecional”, fue duramente criticado, aunque finalmente fue aprobado.
“Que dejen sus reservas, nos toca a nosotros sacrificar, y todo lo que se ahorró en época de las vacas gordas usar en épocas de las vacas flacas”, señaló el colorado Enrique Riera, llamando a sus colegas a respaldar el proyecto que permitirá al Ejecutivo bicicletear la deuda pública por lo menos hasta el año 2043.
La senadora Esperanza Martínez manifestó que la aprobación de este nuevo proyecto le otorgará un súper poder al ministro de Hacienda para realizar cambios discrecionales en el endeudamiento ya contraído, alertando que “cuando no haya más capacidad de afrontar pagos, el plan será ir sobre el endeudamiento de Itaipú”.
Senadores luguistas como Jorge Querey hicieron notar la no ejecución de recursos contraídos en empréstitos anteriores aprobados por el Congreso, y denunciaron negociados financieros a través de la emisión de los nuevos bonos.
Desde Hacienda, Benigno López argumentó que el proyecto se propone mejorar el perfil de la deuda pública, bajando incluso la tasa de interés de modo a que no aumente la deuda total, pero desde la oposición se señala que al modificar el artículo 18 de la Ley N° 5097/13 le otorga al Poder Ejecutivo potestad total para emitir nuevos títulos de deuda que reemplacen los títulos vencidos, lo que finalmente conllevará a un aumento del monto total, que provocará una espiral de endeudamiento sin fin.
Menos deuda, mejor gasto
Paraguay lidera el ranking de países con mayor aumento de su deuda pública en relación con su Producto Interno Bruto (PIB), que en el caso nuestro ya supera el 30%, superior a lo recomendado por los mismos organismos multilaterales de crédito.
Según el más reciente análisis de Basanomics, Paraguay mostró el aumento de deuda más elevado desde junio de 2019 a junio de 2020, por sobre Brasil, Perú, Chile, Colombia y Argentina.
El endeudamiento se disparó durante la pandemia de Covid-19, alcanzando los U$S 10.868 millones en mayo, según información oficial del Ministerio de Hacienda. Sólo en lo que va del año, la deuda contraída ronda los U$S 3.221 millones, una cifra récord si se la compara con el gobierno de Horacio Cartes que aceleró la emisión de bonos soberanos iniciada por el liberal Federico Franco.
En 2018 la deuda pública en Paraguay alcanzó el 21,47% del PIB, 1,63 puntos más respecto de 2017, en que representaba el 19,84% del PIB. Actualmente ya está por encima del 30% y con las nuevas deudas pasará a 34%.En este escenario, respetados analistas económicos como Hugo Royg, directivo de la consultora Mentu y ex miembro del Consejo Asesor Fiscal; y Fernando Masi, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), venían cuestionando el acelerado crecimiento de la deuda, en contraste con la nula racionalización del gasto público y la falta de una reforma tributaria sensata.
Royg criticó “la gestión presupuestaria plagada de ineficiencias y corrupción, y la política fiscal que se encuentra desfasada”. Señaló que “es hora achicar de de una buena vez el malgasto que alcanza el 4% del PIB, unos U$S 1.450 millones, y recomponer el esquema tributario en cuanto a incentivos fiscales, deducciones y tributos directos”.
Masi, por su parte, advirtió de los peligros que conlleva una deuda que ya sobrepasó el 30% del PIB, que complicará enormemente el panorama fiscal a la hora de afrontar pagos. Recordó en tal sentido que la presión tributaria alcanza sólo el 10% del PIB.
“Si uno compara el nivel de deuda con la capacidad de pago, estamos bastante complicados; no podemos seguir pegándonos el lujo de seguir exonerando por cerca del 2% del PIB y de tener una evasión descontrolada; es también momento de analizar por qué aportan tan poco la agricultura y la ganadería empresarial”, señaló.