EconomíaDefensa del Consumidor
Comprar un automóvil usado o un artículo de segunda mano en Paraguay ha sido, históricamente, una operación basada casi exclusivamente en la buena fe. Hasta hoy, el mercado de las casas de empeño y las playas de autos operaba bajo un vacío legal que dejaba a los compradores en total desventaja ante fallas mecánicas o de funcionamiento ocultas.
Sin embargo, las reglas de juego están a punto de cambiar de manera radical. La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario formalizó los avances del anteproyecto del nuevo Código de Defensa del Consumidor.
En una reunión clave celebrada en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la institución socializó el texto que promete saldar una deuda histórica con los derechos de los ciudadanos: la implementación, por primera vez en el país, de una garantía legal obligatoria para bienes nuevos y usados.
El fin del "comprar bajo su propio riesgo"
El eje central de la reforma ataca directamente la informalidad y la desprotección en el servicio postventa. De aprobarse el proyecto, los proveedores paraguayos ya no podrán desligarse de la calidad de lo que venden una vez firmado el contrato.
La ley establecerá dos plazos regulatorios estrictos: Bienes nuevos; contarán con un período de protección mínima de un año y bienes usados: deberán ofrecer, de manera obligatoria, seis meses de garantía legal.
El documento contempla, además, que una vez finalizados estos plazos obligatorios, los fabricantes o comercios puedan ofrecer de forma voluntaria una "garantía contractual adicional" como valor agregado para competir en el mercado.
Sin "letra chica"
Uno de los puntos que promete mayor impacto en el bolsillo de los consumidores -y que ya genera intensos debates en los gremios empresariales-es el blindaje al proceso de reparación técnica. El anteproyecto estipula que cualquier arreglo realizado dentro del periodo de garantía deberá ser totalmente gratuito.
Esto elimina cobros sorpresivos, ya que incluye explícitamente los repuestos, la mano de obra y los costos de traslado del producto.
Para evitar que los talleres dilaten las soluciones, el Código introduce un mecanismo de congelamiento de tiempo: el plazo de la garantía quedará suspendido mientras el artículo permanezca en el servicio técnico. Los días volverán a correr recién cuando el objeto sea devuelto reparado al comprador.
La normativa también busca erradicar la vieja práctica corporativa de "derivar" al cliente a talleres externos que no responden por los daños. El texto plantea la figura de responsabilidad solidaria, lo que significa que el proveedor original será legalmente responsable por la correcta organización, rapidez y funcionamiento del servicio técnico que contrate.
Asimismo, se exigirá a las empresas garantizar la disponibilidad de repuestos originales y asistencia técnica adecuada a largo plazo, transformando el soporte postventa de un beneficio opcional a una obligación comercial estricta.
El debate en la UIP dejó en claro que, si bien el proyecto representa un salto cualitativo hacia estándares internacionales de consumo, su implementación exigirá un profundo reajuste logístico y financiero para las empresas locales, abriendo una nueva era en las relaciones de consumo en Paraguay.
Reacciones
El anuncio encendió alarmas inmediatas en los gremios empresariales y sectores industriales que participaron de las mesas de debate en la UIP. Diversos representantes del sector privado manifestaron su profunda preocupación por el impacto operativo y financiero que estas exigencias acarrearán a los comercios, importadores y fabricantes locales.
Desde la perspectiva de los gremios, la obligatoriedad de absorber la gratuidad total de los arreglos -que incluye repuestos, mano de obra y traslados- junto con la exigencia de mantener inventarios permanentes de piezas, elevará drásticamente los gastos de logística.
Los empresarios advierten que estos nuevos costos fijos representan una carga financiera pesada, especialmente para aquellos sectores que operan con márgenes de ganancia muy ajustados o que dependen enteramente de las cadenas de suministro globales para la importación.
La principal alerta radica en que el encarecimiento de la postventa podría terminar trasladándose de forma directa a los precios finales que paga el ciudadano, generando un efecto inflacionario en los bienes durables.
Debate económico
A pesar de los reclamos corporativos, el Gobierno, respaldado por consultores internacionales como el especialista Javier Wajntraub, defiende que un marco legal moderno es un dinamizador económico a largo plazo. La postura oficial sostiene que brindar seguridad jurídica, equidad y transparencia no perjudica al empresariado, sino que promueve una competencia leal y formaliza los nichos comerciales.
Bajo esta óptica económica, la ley busca elevar la confianza de los consumidores locales, lo que dinamizará el volumen de transacciones en los comercios establecidos frente a la informalidad.
Asimismo, los defensores de la reforma argumentan que Paraguay necesita homologar sus normativas a los estándares globales y regionales para seguir consolidándose como un destino atractivo para la inversión extranjera directa.
