EconomíaMEF
El sector de la construcción en Paraguay entró en una etapa de ajuste forzado. Lo que hasta hace pocos meses era una advertencia de gremios y empresas hoy ya tiene efectos visibles sobre el terreno: obras ralentizadas, proyectos paralizados, empresas financieramente asfixiadas y una cadena productiva que comienza a resentirse.
Según reportes del sector, la deuda acumulada ronda entre USD 270 millones y US$ 360 millones, dependiendo del cálculo entre el Gobierno y las constructoras, a lo que se suman intereses por mora y un déficit creciente entre lo presupuestado y lo comprometido para este año.
El impacto ya dejó de ser contable para convertirse en operativo. Empresas del rubro comenzaron a reprogramar ritmos de ejecución, frenar frentes de trabajo y priorizar únicamente las obras con mayor posibilidad de continuidad financiera. El resultado es una obra pública que empieza a avanzar por goteo. De acuerdo con datos publicados esta semana, ya existen 17 obras paralizadas y al menos seis empresas recurrieron a convocatoria de acreedores, mientras gremios como Capaco y Cavialpa advierten que el problema ya afecta a proyectos de salud, educación, rutas e infraestructura estratégica.
Desde una lectura económica, el problema es más profundo que un atraso administrativo. La construcción funciona como uno de los sectores con mayor capacidad de arrastre sobre empleo, consumo y actividad indirecta. Cuando se traba, no solo se frena una obra: también se afecta a proveedores, transportistas, subcontratistas, metalúrgicas, hormigoneras, talleres y mano de obra. En ese contexto, el deterioro del flujo financiero empieza a generar una dinámica peligrosa: empresas que deben financiarse para seguir operando, tasas que encarecen ese puente y una ejecución de obras que pierde previsibilidad justo en un año en el que el Gobierno intenta sostener disciplina fiscal sin romper la inversión pública.
El Ejecutivo y el MOPC vienen trabajando en un esquema de factoraje y emisión de bonos para destrabar parte de la deuda, pero en el sector la percepción es que la solución todavía llega tarde y corta frente al tamaño del problema. El riesgo no es solo financiero: también es reputacional y estructural. Si la obra pública deja de ser un terreno de previsibilidad, Paraguay corre el riesgo de encarecer futuras licitaciones, perder capacidad de ejecución y desalentar inversión privada vinculada a infraestructura. En otras palabras, el ajuste en la construcción no es un problema sectorial: empieza a convertirse en una señal de enfriamiento para una parte clave de la economía real.
