Inversiones privadas

Inseguridad jurídica, nuestro Talón de Aquiles

Imagen de referencia. EN

La debilidad institucional, la corrupción galopante, la manipulación de la Justicia a favor de intereses políticos y la impunidad hacen que Paraguay no pueda dar el gran salto hacia las ligas mayores de las inversiones privadas, consolidar el grado de inversión y lograr que este se derrame hacia la economía real.

Jueces, fiscales y distintas instancias judiciales llevan adelante procesos, cuando menos grises, en los que en la mayoría de los casos resultan victoriosos quienes tienen mayores recursos para "mover" los juicios. Algunos procesos se convierten en una burla: la sentencia ya está cantada y todo se reduce a un teatro.

En este marco, una industria avícola denunció a una jueza de Presidente Franco, Alto Paraná, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), entre otras causales, por haber violado las normas de jurisdicción al suspender una sentencia de desalojo de una valiosa propiedad ubicada en Itapúa. La resolución incluso había sido confirmada por la propia Corte Suprema de Justicia.

Antecedentes

Avícola Itapúa S.A. presentó una denuncia formal ante el JEM contra la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Presidente Franco, abogada Cynthia Rossana Pineda Morel, por mal desempeño de funciones. Según la denuncia, la magistrada dictó recientemente una resolución que deja sin efecto otra previa, emitida por un juez del mismo grado, que aprobaba una subasta y ordenaba el inmediato desalojo. Esto impedirá que el legítimo propietario —Avícola Itapúa S.A.— pueda tomar posesión de la planta industrial que actualmente sigue siendo explotada por el anterior dueño.

La denuncia sostiene que la resolución de la jueza Pineda Morel no solo vulnera la competencia en grado, sino también la territorial, ya que el juicio principal corresponde a la jurisdicción de Encarnación.

Este caso constituye, según los denunciantes, un claro ejemplo de violación a los principios básicos de la seguridad jurídica, que genera incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial paraguayo. "Al dejar sin efecto una resolución previamente dictada por un colega de igual jerarquía y fuera de la competencia territorial, se crea un precedente peligroso que puede afectar negativamente la estabilidad y la predictibilidad del ordenamiento jurídico", señalaron.

"Además de ser llamativa la intervención de la jueza en un juicio en el cual no tiene competencia de grado ni territorial, sorprende la excesiva celeridad con que resolvió el disfrazado juicio autónomo de medida cautelar de urgencia solicitando dejar sin efecto el desalojo. En menos de una hora de promovido el mismo, el asunto ya estaba resuelto", expresaron.

"La acción constituye un claro ejemplo de la falta de coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley. Resulta inconcebible e inaceptable en nuestro derecho positivo que un juez de igual grado, clase y jurisdicción, mediante una supuesta 'medida de urgencia' autónoma, suspenda una orden judicial de desalojo dictada en otro juicio, en lo que en doctrina se conoce como 'caos jurídico', lo que genera inseguridad jurídica", afirmó la abogada de Avícola Itapúa S.A., Ana Inés Peña.

La representante legal añadió que "la jueza denunciada se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades propias de un Tribunal de Alzada, poniendo en riesgo la seguridad jurídica, que es fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en nuestro país. La conducta de la magistrada Cynthia Rossana Pineda Morel no solo afecta la confianza de los inversores, sino también la de todos los ciudadanos en el sistema judicial".

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá investigar y resolver esta denuncia de manera transparente y justa, asegurando que se respeten los principios de independencia judicial y debido proceso.

Avícola Itapúa S.A. espera que la denuncia contribuya a fortalecer la integridad y eficiencia del sistema judicial paraguayo, garantizando así la seguridad jurídica y el Estado de derecho en el país.

Se intentó obtener la versión de la magistrada denunciada, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.