FMI, descontento con el manejo de dinero público
El Gobierno nacional ejecuta un estricto plan de convergencia que busca devolver el déficit fiscal al límite legal del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). El programa cuenta con el respaldo técnico y la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Ley n.º 5098 de Responsabilidad Fiscal (LRF), promulgada en 2013 como el gran escudo macroeconómico del país, quedó suspendida en la práctica desde 2019 debido a choques climáticos y la posterior crisis de la pandemia.
Desde entonces, el déficit presupuestario superó sistemáticamente el tope permitido. En el marco del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP) acordado con el FMI, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ratificó su meta de volver a la regla.
Incumplimiento
Sin embargo, la presión de los compromisos heredados por más de USD 1.500 millones con proveedores internos de los sectores farmacéuticos y de la construcción, así como el ritmo de ejecución actual, ensombrecen el panorama.
El Informe de Situación Financiera (SITUFIN) del MEF detalló que la Administración Central registró un déficit acumulado de ₲ 3,435 billones (USD 527,2 millones) al cierre de mayo. Dicho monto equivale al 0,9% del PIB.
La complicación real aparece al observar el déficit fiscal anualizado (de los últimos 12 meses), el cual trepó hasta los ₲ 9,7 billones, situándose en un 2,4% del PIB. La cartera económica atribuye este descalce a la moderación de ingresos no tributarios de las binacionales, la apreciación cambiaria y, principalmente, a la regularización de pagos pendientes a proveedores en sectores estratégicos como obras públicas y salud.
Fuera de lo posible
Para el economista y exministro de Hacienda, César Barreto, la meta oficial del 1,5% trazada para el cierre del ejercicio ya es inviable bajo las condiciones vigentes de ejecución presupuestaria.
El Tesoro tiene que entrar a cumplir con los compromisos ya asumidos; eso hace inviable que se pueda cumplir con el plan de que el déficit converja al 1,5%. "Yo creo que eso está fuera de lo posible a estas alturas del campeonato", aseveró tajantemente el especialista.
Barreto explicó que el afloramiento de procesos de compras y contrataciones atrasadas que no figuraban registradas en su momento —deudas con proveedoras que rondan los USD 1.500 millones— eleva sustancialmente la presión sobre el gasto efectivo del año en curso.
A pesar de que el Poder Ejecutivo emitió decretos de optimización para recortar gastos superfluos (como viáticos, catering y pasajes), Barreto advirtió que la austeridad no dará abasto si no se acompaña de un fuerte e improbable repunte de la recaudación tributaria.
Su análisis apunta a que las medidas fiscales solo lograrán contener el déficit anualizado en torno al 2,2% o 2,4% del PIB.
Ante este escenario, la recomendación del experto es redefinir el rumbo y formular un nuevo plan de convergencia fiscal de cara al futuro. Este nuevo diseño debe reconocer con transparencia el pasivo no registrado, regularizar los pagos a proveedores en tiempo y forma y congelar al máximo la estructura del gasto público para evitar que se repitan nuevos descalces financieros en los próximos años.
Mercados
Para los mercados internacionales y las agencias calificadoras, el retorno de Paraguay a la disciplina de la LRF sigue siendo la prueba de fuego para consolidar el grado de inversión.
El Fondo Monetario Internacional califica a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) como un pilar fundamental para la estabilidad macroeconómica de Paraguay. En sus evaluaciones financieras del país dentro del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP), las proyecciones y exigencias del organismo giran en torno al cumplimiento estricto de esta normativa.
El Gobierno insiste en mantener el rumbo, pero la realidad de los números de mayo y la visión de los analistas demuestran que el sinceramiento de las cuentas públicas costará más tiempo de lo previsto.