Análisis

De momento, solo se avizora una "solución parche" ante crisis de la Caja Fiscal, dice economista

En Paraguay, el sistema de jubilaciones y pensiones conocido como la Caja Fiscal constituye el principal mecanismo de seguridad social para los empleados públicos.
Economísta Aníbal Insfrán. Foto: Gentileza.

"Si a los diez minutos de iniciada la partida de póker no te das cuenta de quién es la víctima, es porque sos vos". Así suele explicar Warren Buffett, el magnate estadounidense, cuando identifica red flags o señales de alerta en el mercado de valores. En este caso, sin embargo, esas señales llevan años encendidas para los jubilados.

En Paraguay, el sistema de jubilaciones y pensiones conocido como la Caja Fiscal constituye el principal mecanismo de seguridad social para los empleados públicos. Abarca a funcionarios de la Administración Pública, docentes del Magisterio Nacional y de universidades, magistrados judiciales, integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional: un conglomerado amplio, pero con ingresos, en general, magros.

Contexto

En los últimos años, el sistema ha enfrentado un déficit financiero persistente y creciente, lo que ha generado serias dudas sobre su viabilidad en el mediano y largo plazo. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el desequilibrio acumulado de la Caja Fiscal alcanzó aproximadamente USD 1.380 millones en los últimos cinco años, reflejando una marcada brecha entre los aportes de los trabajadores activos y los desembolsos destinados al pago de jubilaciones.

Uno de los factores determinantes de esta situación radica en las condiciones heterogéneas de los distintos regímenes que integran el sistema. Algunas categorías permiten jubilaciones sin requisitos estrictos, como edad mínima o extensos años de aportes, lo que exacerba la presión financiera. Un ejemplo emblemático son las denominadas jubilaciones "VIP" de los congresistas.

Ante este escenario, el Poder Ejecutivo presentó en diciembre de 2025 un proyecto de ley orientado a introducir reformas estructurales que apunten a la sostenibilidad financiera y a una mayor equidad intergeneracional. Entre las principales propuestas figuran la fijación de una edad mínima de jubilación, ajustes en las tasas de aporte y la implementación de una nueva tabla de reemplazo que priorice mayores períodos de cotización y desincentive las jubilaciones anticipadas.

Sistemas y sistemas

El sistema de seguridad social paraguayo está compuesto por múltiples cajas jubilatorias, con características muy dispares en términos de cobertura, estructura financiera y sostenibilidad. De acuerdo con el Boletín Estadístico de Seguridad Social 2024, elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), los principales regímenes son:

El Instituto de Previsión Social (IPS), principal ente previsional del país, cuenta con aproximadamente 726.972 cotizantes y 76.105 jubilados, concentrando la mayor masa de aportantes del sistema.

La Caja Fiscal, por su parte, agrupa a unos 233.982 cotizantes frente a 74.330 jubilados, una proporción significativamente menos favorable que la del IPS, lo que incrementa su carga financiera.

La Caja Bancaria opera con una base aún más reducida: 12.928 cotizantes y 3.104 jubilados, lo que condiciona seriamente su sostenibilidad futura.

Otras cajas —como las municipales, la Caja de Jubilaciones de la ANDE, la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi) y la Ferroviaria— funcionan con volúmenes aún más restringidos de aportantes y beneficiarios, enfrentando importantes desafíos de viabilidad si no se adoptan estrategias de fortalecimiento institucional. En el caso de los jubilados ferroviarios, se registra la particularidad de más de 300 beneficiarios en un país sin trenes, una muestra elocuente de las distorsiones del sistema.

La principal diferencia entre estos regímenes radica en la relación entre la base contributiva y el número de beneficiarios. El IPS, gracias a su masa de cotizantes, logra absorber mejor las presiones financieras. La Caja Fiscal, en cambio, con reglas más laxas y acceso flexible a jubilaciones anticipadas, presenta déficits recurrentes que refuerzan la urgencia de una reforma integral.

"No creo que actualmente se esté trabajando en una solución global y de largo plazo para la Caja Fiscal. Lo que se está haciendo es frenar el sangrado y luego, con más calma, analizar soluciones integrales. Para una reforma previsional completa —que incluya al IPS, la Caja Bancaria, la Caja Municipal y otras— se requiere un análisis profundo, y yo no veo ese trabajo. En términos generales, no hay condiciones hoy para afirmar que se esté haciendo algo más que una solución parche", explicó el economista Aníbal Insfrán (PhD).

Más allá del tecnicismo financiero, la situación resulta evidente incluso para quienes no son especialistas: los recursos se están agotando y, ante esa urgencia, se recurre a medidas de ajuste centradas principalmente en elevar edades y plazos de jubilación para los futuros beneficiarios.

En contraste, los sistemas previsionales que funcionan con solvencia —como los de países nórdicos como Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia— son reconocidos internacionalmente por su sostenibilidad. Estos países implementaron esquemas integrales que combinan pensiones básicas financiadas por el Estado, sistemas contributivos ligados a los ingresos laborales y mecanismos complementarios ocupacionales o privados que diversifican las fuentes de financiamiento, incluyendo fondos de inversión.

En Noruega, por ejemplo, el Fondo de Pensiones Global del Estado (Government Pension Fund Global) es el fondo soberano más grande del mundo y fue concebido para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Es un caso paradigmático de cómo la capitalización a largo plazo de los recursos públicos puede multiplicarse, y no dilapidarse. Además, estos sistemas ajustan periódicamente parámetros clave —como la edad de jubilación— en función de la esperanza de vida y de las condiciones macroeconómicas.

Esa podría ser una hoja de ruta posible. Gracias a un enfoque integrado y de largo plazo, estos países lograron altos niveles de reemplazo de ingresos y bajas tasas de pobreza entre adultos mayores, consolidándose como modelos previsionalmente sostenibles según los estándares internacionales.