Conasam no logra consenso sobre el salario mínimo y deja decisión en manos de Peña
El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) concluyó su proceso de análisis sin alcanzar un consenso sobre el reajuste del salario mínimo que regirá desde julio próximo. Ante las diferencias entre representantes de trabajadores y empleadores, la recomendación fue remitida al Poder Ejecutivo, que deberá definir el nuevo monto mediante decreto presidencial.
La principal disputa gira en torno al porcentaje de aumento. Las centrales obreras sostienen que el salario mínimo perdió capacidad de compra frente al encarecimiento del costo de vida y reclaman una recomposición del 20%, equivalente a unos G. 647.000 adicionales sobre el salario vigente.
Del otro lado, el sector empresarial insiste en que el reajuste debe ajustarse estrictamente a la normativa vigente y tomar como referencia exclusiva la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Banco Central del Paraguay. Bajo ese criterio, el incremento rondaría el 2,4%, equivalente a unos G. 69.500.
El presidente de Conasam, Jorge Rivas, había adelantado que el organismo buscaría una recomendación consensuada, aunque reconoció que cada sector llegó a la mesa defendiendo posiciones muy diferentes. Finalmente, la falta de acuerdo obligó a elevar los antecedentes al presidente de la República, quien deberá adoptar la decisión definitiva.
El debate expone una discusión de fondo sobre el mecanismo utilizado para actualizar el salario mínimo en Paraguay. Históricamente, los reajustes se realizaron tomando como base la inflación acumulada de los últimos doce meses. Sin embargo, los sindicatos argumentan que ese indicador ya no refleja adecuadamente el aumento real de los costos que enfrentan los trabajadores, especialmente en alimentos, transporte y servicios básicos.
Por su parte, el empresariado advierte que un incremento muy superior al IPC podría generar mayores costos laborales, afectar la competitividad de las empresas y trasladarse posteriormente a los precios de bienes y servicios. El Gobierno también ha expresado cautela ante la posibilidad de que aumentos de gran magnitud generen presiones inflacionarias adicionales.
La decisión tendrá impacto sobre miles de trabajadores formales del sector privado y también influirá en diversos contratos, prestaciones y referencias económicas vinculadas al salario mínimo. Actualmente, el sueldo básico legal se ubica en G. 2.899.048, tras el reajuste aplicado en 2025.
Con las negociaciones agotadas en el ámbito tripartito, todas las miradas quedan ahora puestas en el Palacio de López. Será el presidente de la República quien deberá resolver uno de los debates económicos más sensibles del año: cómo equilibrar la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores con la estabilidad de las empresas y de la economía en general.