Caso de presunto lavado vuelve a salpicar al sistema financiero y reabre trama vinculada al FIFA Gate
Una nueva citación en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vuelve a colocar bajo escrutinio al sistema financiero local. En ese contexto, el presidente de Banco Atlas fue convocado por la Fiscalía de Delitos Económicos para este lunes 23 de marzo, a una audiencia indagatoria, en un expediente que conecta operaciones bancarias con fondos de origen cuestionado vinculados al fútbol sudamericano.
La investigación gira en torno a la supuesta administración y canalización de recursos que habrían tenido origen en hechos antijurídicos. Según la hipótesis del Ministerio Público, estos fondos habrían sido integrados al circuito formal mediante estructuras que les otorgaban apariencia de legalidad.
El caso tiene como antecedente una denuncia presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que busca recuperar millonarios montos presuntamente desviados durante una etapa anterior de su conducción. La cifra en disputa ronda los USD 15 millones, en una trama que remite a operaciones realizadas a lo largo de varios años y que ya había sido objeto de investigaciones internacionales en el contexto del FIFA Gate.
El eje del expediente se apoya en una serie de movimientos financieros detectados tras un allanamiento realizado en 2016 en la sede de la matriz del fútbol sudamericano, en Luque. A partir de esa intervención, se recolectaron documentos y registros digitales que luego fueron analizados mediante auditorías forenses y cooperación con autoridades extranjeras.
De acuerdo con los elementos reunidos, se habrían registrado transferencias millonarias desde cuentas institucionales hacia cuentas particulares durante la década pasada. Posteriormente, parte de esos recursos habría sido canalizada a través de instrumentos financieros, como fideicomisos, utilizados para administrar patrimonios.
El punto más incómodo aparece después: los contratos de fideicomiso suscritos en 2016 con Banco Atlas S.A. por G. 23.014 millones y USD 2,16 millones. Según la imputación, esos fondos fueron estructurados como patrimonio autónomo para cubrir gastos personales y beneficios familiares. La sospecha fiscal es que, pese a las alertas que ya pesaban sobre Leoz, no se habrían activado los controles ni la debida diligencia antilavado.
El expediente también expone las tensiones entre el avance fiscal y las estrategias de defensa, con intentos de frenar etapas del proceso que, hasta ahora, no prosperaron en instancias judiciales superiores, Atlas apeló la admisión de actas, pero perdió esa pulseada ante un Tribunal de Apelación. Como próximo capítulo, el juez Humberto Otazú fijó para el 15 de abril una audiencia de imposición de medidas cautelares.
El caso reabre el debate sobre la capacidad del sistema financiero para detectar y prevenir operaciones sospechosas en estructuras complejas, especialmente cuando involucran actores de alto perfil y movimientos internacionales de dinero.