Cien días de Peña: grado de inversión depende del compromiso político

Los primeros cien días del actual gobierno de Santiago Peña se caracterizaron por algunas pifiadas de su entorno político, como pedidos de aumentos salariales en el Presupuesto e innecesarios proyectos de ley que partieron desde el equipo político que sustenta al presidente, como el caso de los inmuebles en Remansito, lo cual desgasta la imagen presidencial.

Los mayores problemas que enfrenta en la actualidad tienen que ver con la seguridad, por un lado, un ministro de Justicia (Barchini) al que se le perdió la pelota y por el otro un ministro del Interior (Riera) que no responde con altura a la oleada de inseguridad que se vive a diario.

En lo que respecta al plano económico, hay señales positivas de acuerdo al exminsitro de Hacienda, Cesár Barreto, aunque falta más compromiso político y de parte de la Justicia, de modo a que el país logre alcanzar el tan ansiado grado de inversión, lo cual redundaría en una serie de beneficios con efecto derrame para la población.

Se han avanzado en algunas reformas menores que esperemos sean el punto de partida de las importantes reformas que necesita el aparato estatal para mejorar la calidad del gasto público, agregó al respecto.

Reestructuraciones

La creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) tuvo un impulso inicial con la reestructuración del Ministerio de Hacienda. Con ello, el MEF pasa a tener el rol de dirección y coordinación de la política económica del Gobierno y absorbe a la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública, que pasan a ser viceministerios, lo cual le permitirá una mayor incidencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos que, si es bien implementada, podría redundar en una mejor calidad del gasto público.

Por otro lado, la salida de la SET y su fusión con la Dirección Nacional de Aduanas en la creación de la DNIT, es un cambio sustancial con resultados inciertos. “Lo veremos en unos años si esta autonomía ha logrado mejorar el control tributario o no”, agregó sobre el punto el economista.

En lo que respecta a la Superintendencia de Jubilaciones; hace unos días, el Poder Ejecutivo anunció el acuerdo con líderes sindicales y empresariales para enviar al congreso el proyecto de ley de regulación de la inversión de fondos previsionales y la creación de la superintendencia de jubilaciones.

Es un paso inicial dentro del necesario proceso de reforma del sistema de jubilaciones del país, pero la débil gobernanza que resultó del acuerdo me generan dudas sobre su efectividad en avanzar en los siguientes pasos de las reformas.

Dinero público

En cuanto a política fiscal y presupuesto, el gobierno de Peña recibe como herencia un desorden en las finanzas públicas, resultado de la pandemia y de una expansión del gasto público electoral.

“Uno de los desafíos más importantes del país es recuperar una política fiscal sostenible luego de la pandemia, para lo cual el gobierno anterior había determinado un plan de convergencia del déficit fiscal al tope fijado en la ley de responsabilidad fiscal. Sin embargo, el propio Mario Abdo Benítez deja un déficit fiscal anualizado a agosto superior al 3,3% del PIB, cuando el tope fijado en el presupuesto del 2023 era del 2,3% del PIB y, al mismo tiempo, deja atrasos en pagos a proveedores por alrededor de USD 600 millones”, acotó el exministro sobre el punto.

Ante esta realidad, el gobierno de Santiago Peña decidió no cumplir el plan de convergencia fiscal determinada por su antecesor; solicitar al congreso una ampliación del déficit fiscal para el presupuesto del 2023 al 4,1% del PIB; solicitar al congreso una autorización de endeudamiento adicional para el Estado por hasta USD 600 millones; y reprogramar el plan de convergencia del déficit al tope del 1,5% del PIB fijado en la Ley 5098 de responsabilidad fiscal hasta el año 2026, que inicialmente había sido fijado por su antecesor para el próximo año 2024.

Sobre el punto, Barreto dice que la ampliación del déficit y la deuda adicional para este año es razonable para cumplir con los compromisos ya asumidos con proveedores, pero finalmente la emisión de bonos fue postergada para principios del 2024 y consecuentemente también los pagos de las deudas atrasadas con proveedores, quienes tienen gran parte de sus obras paradas o a un ritmo mínimo y muchos trabajadores han sido suspendidos temporalmente debido a la falta de liquidez.

Por otro lado, la extensión del plazo de convergencia del déficit no era necesaria y conllevará una postergación de la mejora en la calificación de riesgo y el ansiado grado de inversión para el país hasta que se demuestre compromiso político con la ley de responsabilidad fiscal, un ancla muy importante para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.