Casa de crédito en quiebra negoció pagarés cancelados

Una nueva denuncia de venta de pagarés de crédito cancelado llegó hasta la redacción de El Nacional. Se trata de un caso vinculado a la casa de crédito Creditotal, en quiebra, que habría vendido los documentos a una empresa de gestión de cobranza llamada COFIN, quien intenta volver a cobrar por el mismo crédito cancelado.

No es la primera vez que esta empresa es vinculada a este tipo de hechos. Arrastra antecedentes, de hecho había recibido una multa por más de G. 32 millones por parte de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco).

En esta oportunidad se trata de la denuncia de César Martínez, quien fue cliente de la mencionada empresa. Su sorpresa fue que volvió a recibir reclamos de pagos pese a haber cancelado los pagarés; incluso fue a parar en la lista negra de Informconf que opera hoy bajo la marca Equifax.

Es sabido que la venta de cartera morosa se ha normalizado en el sistema financiero local; sin embargo las empresas compradoras adquieren documentos cancelados y reclaman deudas que fueron pagadas en tiempo y forma que luego deriva en acosos por parte de cobradores y hasta en demandas que reclaman deudas ya canceladas.

La intimación o comunicación extorsiva, agresiva y denigrante fueron las primeras consecuencias violando el derecho de integridad y dignidad de los consumidores.

El error, no haber retirado los pagarés, recordemos que la ley del consumidor establece que en cancelaciones de deuda, el consumidor debe retirar los pagarés firmados, es obligación por parte del proveedor restituir de forma inmediata estos documentos, y es un aval para el consumidor de haber cancelado la deuda.

Como agregado a la gravedad propia del caso, Creditotal emitió certificados de cancelación de la deuda en cuestión y aun así cerró la venta de los documentos a la firma COFIN, que inició una demanda reclamando una deuda cancelada, de acuerdo a los documentos arrimados.

Uno de los locales de Creditotal. Gentileza

Antecedentes

Creditotal llamó a convocatoria de acreedores en febrero de 2020 con deudas por más de USD 20 millones, principalmente con bancos y financieras en otro caso en donde el ente regulador, la Superintendencia de Bancos del Banco Central, no advirtió de los riesgos que implicaba este modelo de negocio fundamentado en el mecanismo de obtención de recursos a través de la venta de deudas, lo cual  finalmente tumbó a la empresa que dejó un tendal de heridos en el sistema.