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Agenda que no responde al bien común

En un escenario marcado por el descontento y la incertidumbre económica, las decisiones adoptadas por el oficialismo en los últimos meses han generado una creciente preocupación en la ciudadanía. Entre las medidas más polémicas se encuentran el aumento de las tarifas de peajes en rutas nacionales, el incremento de los costos de trámites municipales —como la habilitación vehicular— y, más recientemente, la intención de eliminar el salario mínimo. Estas disposiciones no solo han sido catalogadas como impopulares, sino que también evidencian lo que el analista político y abogado Camilo Filártiga describe como un gobierno “completamente desconectado de la realidad económica y social del país”.
“Estas decisiones son completamente desacertadas y desconectadas de la realidad nacional”, afirma Filártiga, en entrevista con El Nacional. “Además, la adopción de leyes en el Congreso que tensionan la protección de derechos laborales y las garantías consagradas en la Constitución refuerza esta desconexión”.
Según el analista, esta problemática no se limita a las decisiones en sí, sino que se agrava con las declaraciones públicas de altos referentes del gobierno, las cuales, lejos de generar confianza o transmitir empatía hacia las dificultades del pueblo, solo demuestran un desconocimiento profundo de las necesidades y prioridades de la población.
A esta desconexión se suma un malestar creciente frente a los casos de clientelismo político que han sido denunciados de manera recurrente. Filártiga sostiene que “la ciudadanía es testigo a diario de casos de clientelismo en la función pública, algo que este gobierno no ha podido controlar”. Este fenómeno, según el analista, pone en evidencia la inconsistencia entre el discurso oficialista y la realidad que vive la población.
Una agenda de medidas inconstitucionales y sensibles
El panorama actual se caracteriza por una agenda oficialista que parece ignorar las garantías fundamentales de los ciudadanos. Filártiga advierte que estas medidas, además de ser inconstitucionales, afectan directamente el bienestar social y generan una tensión política innecesaria. La reciente intención de eliminar el salario mínimo, por ejemplo, ha sido uno de los temas más cuestionados por diversos sectores.
“En la medida en que este gobierno insista en tocar estas garantías fundamentales, que son sensibles para la ciudadanía, estaría cometiendo un grave error político”, enfatiza Filártiga. Para él, estas acciones solo alimentan el descontento social y político, en un momento donde la población necesita señales claras de apoyo y estabilidad por parte de sus líderes.
Además, la acumulación de estas medidas impopulares no ocurre en un vacío. Según el analista, la percepción ciudadana de abandono y falta de soluciones por parte del gobierno está generando un clima de frustración que podría derivar en reacciones más contundentes.
El riesgo de una tensión social en aumento
“Si el gobierno persiste con estas medidas, la tensión social podría aumentar considerablemente”, advierte Filártiga. Aunque por ahora el malestar se expresa principalmente en críticas y reclamos, no descarta que este descontento pueda escalar en una reacción más organizada por parte de los movimientos sociales y otras organizaciones ciudadanas. “En caso de que se insista con esta agenda, la capacidad de movilización de las organizaciones sociales será clave para determinar la respuesta frente a esta avanzada”, agrega.
El abogado y analista subraya que, aunque el gobierno aún tiene tiempo para corregir el rumbo, debe actuar con rapidez y, sobre todo, con sensibilidad hacia las demandas ciudadanas. “Espero que el gobierno tome nota y rectifique antes de generar un conflicto mayor”, señala.
Un relato que no convence a la ciudadanía
Una de las mayores críticas hacia el oficialismo radica en lo que Filártiga describe como un intento de imponer un relato gubernamental que no condice con la realidad de la ciudadanía. Mientras el gobierno busca justificar sus decisiones bajo el argumento de una supuesta necesidad de ajustes o reformas estructurales, los ciudadanos enfrentan día a día el peso de medidas que no ofrecen soluciones reales a sus problemas.
“La implementación de estas medidas solo profundiza las brechas sociales y económicas”, afirma Filártiga. Para él, el relato del gobierno se ve deslegitimado por la falta de coherencia entre el discurso y las acciones. En un país donde el costo de vida sigue aumentando y las oportunidades laborales se ven amenazadas, las decisiones del oficialismo no solo resultan insuficientes, sino perjudiciales para amplios sectores de la población.
El momento de rectificar
En un contexto tan delicado, Filártiga insiste en la necesidad de que el oficialismo adopte un enfoque más inclusivo y dialogante, priorizando el bienestar ciudadano por encima de intereses políticos o económicos a corto plazo. “La población espera medidas que realmente respondan a sus necesidades, no decisiones que profundicen la desigualdad y generen mayor incertidumbre”, concluye.
El tiempo dirá si el gobierno es capaz de corregir su rumbo antes de que el descontento ciudadano alcance niveles insostenibles. Mientras tanto, la creciente percepción de abandono por parte del Estado sigue alimentando un malestar social que podría marcar un punto de inflexión en el debate político nacional.
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