Denuncias en Buenos Aires y Washington contra investigación del caso de niñas de Yby Yaú

Mientras Myriam Villalba, madre de Lilian María y tía de María Carmen, las dos niñas abatidas por la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) en Yby Yaú, Concepción, hace tres meses, participaba en Buenos Aires de la 40° Marcha de la Resistencia organizada por Madres de Plaza de Mayo, desde Washington, Estados Unidos, la organización Human Rights Watch hizo público un informe acusando al Estado paraguayo de incurrir en irregularidades en el tratamiento del caso.

Villalba, que impulsa la campaña internacional #EranNiñas para visibilizar la muerte de su hija y su sobrina, aseguró en el acto de este jueves en la capital argentina que ambas “fueron violadas, torturadas, y ejecutadas por policías y militares de la FTC”, acusando al gobierno de Mario Abdo Benítez y la Justicia paraguaya de “encubrir la investigación del crimen” y “perseguir a la familia”, que tramita su refugio político en el vecino país.

El presidente Mario Abdo Benítez junto a efectivos de la FTC en el campamento guerrillero de Yby Yaú, el 2 de septiembre. Foto: Archivo

“El presidente Abdo Benítez celebró el operativo, posó sobre los cuerpos de mis niñitas; se cumplieron ya tres meses y no se ha hecho ningún tipo de investigación, la familia no tenemos acceso ni siquiera a la carpeta fiscal”, denunció. “Ese mismo día (2 de septiembre) los fiscales ordenaron que se entierren los cuerpitos; no sabían la identidad, no sabían la edad; fueron enterrados en una bolsa de plástico totalmente desnudos; luego comenzaron a especular sobre la edad, diciendo que eran mujeres mayores, principales integrantes de la guerrilla”, agregó.

Villalba exigió al Estado paraguayo que autorice “el ingreso al Paraguay del Equipo Argentino de Antropología Forense, negado hasta ahora por la Fiscalía de Derechos Humanos, para que le hagan una autopsia a los cuerpos”.

Ambas niñas Villalba fueron abatidas el 2 de septiembre pasado en un operativo de la FTC en un supuesto enfrentamiento, en un campamento guerrillero del EPP ubicado en una zona boscosa de Yby Yaú, Concepción, donde visitaban a sus padres, miembros del grupo insurgente. En un principio, el gobierno sostuvo que las fuerzas gubernamentales habían dado muerte a dos mujeres jóvenes, pero con el correr de las horas, y merced a la presión del gobierno argentino al conocerse la nacionalidad de las víctimas, el Ejecutivo reconsideró la versión oficial y se vio forzado a abrir una investigación fiscal.

Informe internacional

Las denuncias de Villalba coinciden con muchas de las observaciones hechas por Human Right Watch, que revisó las declaraciones públicas de las autoridades y la evidencia disponible públicamente, en un trabajo que involucró al Grupo de Expertos Forenses Independientes (Independent Forensic Expert Group, IFEG), del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), un grupo internacional integrado por reconocidos expertos forenses, y elaboró un dictamen sobre los elementos de la investigación.

“Hay graves irregularidades en la investigación”, señaló José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno paraguayo debe permitir inmediatamente que peritos forenses argentinos realicen una autopsia y que ellos y los familiares de las víctimas tengan pleno acceso a las evidencias recogidas. Cuanto más se demore el gobierno, más probabilidades habrá de que desaparezcan posibles pruebas en los restos”, agregó.

José Miguel Vivanco, de la División Américas, de la organización internacional con sede en Washington. Foto: HRW

Vivanco argumentó que pese a la gravedad de los delitos que se le imputan al grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), “la acción del Estado también debe ajustarse a los límites de la ley. Toda muerte causada por fuerzas del Estado debe ser investigada de forma imparcial y con la mayor rigurosidad”.

Entre las “irregularidades” que le adjudica al Estado paraguayo en el tratamiento del caso, Human Right Watch puntualizó la premura con que se sepultaron los cuerpos de las víctimas sin la realización de una autopsia, la destrucción de sus ropas, la poca fiabilidad del examen forense que concluyó que una de las niñas disparó un arma, y la negativa del Ministerio Público de permitir a la abogada de la familia Deisy Ramírez acceso a la investigación.

Onder Ozkalipci y Karen Kelly, dos peritos forenses de larga trayectoria internacional e integrantes del IFEG, concluyeron que la destrucción de la ropa de las niñas “representa la destrucción de evidencia crucial que viola los principios más básicos y fundamentales forenses y de la investigación penal”.