La guerra y la paz del Chaco
¿La Standard Oil provocó la guerra del Chaco entre el Paraguay y Bolivia y luego impuso la frontera entre los dos países en el tratado de paz? No, según el libro de Leslie Rout, La política de la Conferencia de Paz del Chaco, 1935-1939 , publicado este año por Intercontinental Editora.
En cuanto a las causas de la guerra, el historiador norteamericano señala un hecho indiscutible: que los precios del petróleo habían caído en picada para cuando comenzó la guerra (1932) a causa de la gran depresión económica de 1930, y aún así la oferta superaba a la demanda con creces; en consecuencia, el problema de una firma como la Standard no era conseguir más, sino vender el petróleo que ya tenía. Como por una ironía del destino, y esto lo señala David Yergin, la crisis de 1930 prácticamente coincidió en el hallazgo de enormes yacimientos de hidrocarburos en Texas; los productores, desesperados por hacerse con algún dinero efectivo, malvendían lo que tenían, y el Gobierno norteamericano debió intervenir para que el barril volviera a costar un dólar. Concediendo que la Standard se rigiera por un exclusivo afán de lucro, no hubiera hecho grandes inversiones (la guerra salió muy cara) para buscar en el Sur lo que tenía a mejor precio en el Norte.
No debemos olvidar la geografía: según Rout, de acuerdo con los estudios efectuados por la Standard, los barcos petroleros de menor calado no podían remontar el río Paraguay, demasiado playo para ellos, así que el proyecto de la compañía era construir un oleoducto que, pasando por territorio argentino, llegara a las aguas profundas del río Paraná. El general Kundt, el comandante boliviano, se proponía ocupar el Chaco hasta Villa Hayes, pero este era un objetivo militar, no el objetivo económico de la empresa de Rockefeller, que se trancó en el territorio argentino, no en el paraguayo: la estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) le vetó el proyecto del oleoducto. ¿Y qué hizo la Standard entonces? Le vendió el petróleo extraído en Bolivia a YPF, razón por la cual el Gobierno boliviano la nacionalizó en 1937.
La corporación afectada pidió la protección de su Gobierno, pero el presidente entonces era Franklin Delano Roosevelt (FDR), cuya política nacional se guió por el New Deal (Nuevo Trato), que consistió en ponerles límites a las grandes empresas y adoptar medidas de carácter social, y cuya política internacional fue la de Buena Vecindad, que renunció al empleo de la fuerza en el Sur, una tradición de sus antecesores en la Casa Blanca. Por eso FDR no intervino cuando nacionalizaron empresas norteamericanas en Bolivia y México (1937 y 1938 respectivamente). Recalcando lo obvio, el tratado de paz, amistad y límites entre el Paraguay y Bolivia se firmó en 1938, cuando la Standard de Bolivia ya no podía tener arte ni parte.
Eso no significa que aquella empresa hubiera sido inocente; nunca lo fue, y quizás menos de lo que Rout concede. Spruille Braden, el representante norteamericano en la conferencia de paz, era un empresario estrechamente ligado a los Rockefeller (lo reconoce Rout), y es difícil creer en su imparcialidad cuando las tropas paraguayas llegaron al Parapití, o sea al límite de la explotación de la empresa norteamericana. Aun así, ni él ni la influyente multinacional tuvieron el poder omnímodo que les atribuye cierta tradición historiográfica no documentada.
Durante la conferencia de paz, lo señala Rout, tanto los estadistas bolivianos como los paraguayos realizaron estudios sobre el potencial de la zona disputada: la conclusión fue que, aun de haber petróleo, extraerlo exigiría perforaciones profundas y muy caras; las dificultades del transporte encarecerían más las operaciones, justo en tiempos de precios bajos. Años después, bajo los gobiernos de Higinio Morínigo y Alfredo Stroessner, se efectuaron nuevas prospecciones con resultados similares: hay pero no es rentable. Con la proyectada exploración de Médanos del Chaco, solo una cosa es cierta: se dañará el medio ambiente.
Lo anterior, para recalcar que los factores económicos no fueron los determinantes de la guerra, que tenía antecedentes remotos. Rout nos recuerda que la disputa entre Bolivia y el Paraguay comenzó con la firma del tratado del 15 de julio de 1852, en el que la Confederación Argentina le reconoció al Paraguay la soberanía de las dos costas del río Paraguay y el territorio situado al norte del río Bermejo (casi todo el Chaco). Bolivia protestó porque se sentía con derecho al territorio y el río, pero la discusión se mantuvo en el terreno diplomático, porque ninguno de los dos países vecinos pretendía iniciar una guerra. El desacuerdo tenía como base la división administrativa del imperio español, que no definía bien ni las jurisdicciones ni sus fronteras: los viejos títulos se prestaban a discusiones eruditas e interminables. Cuando estalló la guerra de la Triple Alianza (1865-1870), el presidente boliviano Mariano Melgarejo la consideró una expresión de la política expansionista de Río de Janeiro y se manifestó a favor del Paraguay (razón de que una calle asuncena lleve su nombre).
En las décadas siguientes, Bolivia y el Paraguay trataron de definir sus fronteras amistosamente con la firma de los tratados Decoud-Quijarro (1879), Aceval-Tamayo (1887) y Benites-Ichazo (1894). Ninguno de los tres fue ratificado por los respectivos congresos, y así se llegó al protocolo Soler-Pinilla, firmado por sus negociadores en 1907 y rechazado por sus respectivos gobiernos. Las negociaciones prosiguieron, a pesar de ciertos enfrentamientos armados entre las avanzadas de frontera, como el del fortín Vanguardia en 1928, que estuvo muy cerca de provocar una ofensiva general. Mientras los negociadores discutían, los historiadores exponían los derechos históricos de sus respectivos países sobre el Chaco (hay una copiosa bibliografía sobre el tema) y los soldados intercambiaban disparos ocasionales, cobraba fuerza el sentimiento nacionalista y belicista en ambos países, como el manifestado en la trágica manifestación asuncena del 23 de octubre de 1931.
La prensa no favorecía los planteos razonables, los políticos sensatos debían hacer concesiones a una opinión pública exaltada: las emisiones de estampillas bolivianas mostraban un Chaco boliviano hasta Villa Hayes; las paraguayas se lo apropiaban hasta los ríos Parapití y Otuquis. Para los demagogos, la conquista de Asunción o de La Paz era una tarea posible y exigida por el patriotismo. Ya que la cuestión solo podrá resolverse mediante las negociaciones, es mejor negociar en vez de hacer la guerra, decía Eusebio Ayala, pero las opiniones sensatas no prevalecieron: se negoció después de la guerra, en la conferencia de paz. Un mérito de este libro consiste en mostrarnos cuál fue la postura del Gobierno norteamericano durante la conferencia, sobre la base de una buena documentación. Para comprenderla, es necesaria la referencia al presidente Franklin Delano Roosevelt, en el poder entre 1942 y 1945 (el único elegido cuatro veces, si bien no llegó a completar el último mandato).
En las relaciones interamericanas (señala Rout), Roosevelt propuso la política de buena vecindad (Good Neighbor Policy), que se apartaba de la línea seguida por sus antecesores en los treinta años anteriores. Me permito recordar que su pariente Theodor Roosevelt enunció la política del gran garrote(Big Stick Policy) en las relaciones internacionales, y la complementaba con el Corolario Roosevelt, que le atribuía a los Estados Unidos el derecho de mandar marines a cualquier país americano. Su sucesor, William Taft, lanzó la diplomacia del dólar (Dollar Diplomacy), que consistía “en reemplazar las balas por los dólares”, para fomentar los intereses empresariales norteamericanos en el resto de América; los sucesores de Taft (Wilson, Harding, Coolidge, Hoover) emplearon indistintamente presiones militares, económicas y políticas. En 1932, Estados Unidos ocupaba militarmente Nicaragua y Haití, ignorando los reclamos presentados en sucesivos encuentros interamericanos: solución de los conflictos mediante el arbitraje y el derecho internacional (una expresión de aquello fue la Convención Gondra).
Al proponer la buena vecindad y renunciar al uso de la fuerza, el segundo Roosevelt mejoró considerablemente las relaciones con los vecinos del Sur. Fiel a su política, él no se opuso a la nacionalización de la Standard en Bolivia en 1937 ni a la nacionalización de la California Standard en México en 1938; aunque ciertos grupos influyentes esperaban que las defendiera por todos los medios, incluyendo el militar. Sin ser un socialista radical, FDR sentía poca simpatía por las grandes empresas y consideraba necesario limitar su poder en beneficio del interés público, y esto se manifestó en su política interna, inspirada por el nuevo trato (New Deal), que favoreció a los sectores más carenciados de la sociedad e irritó a quienes orquestaron un fallido golpe de Estado. FDR no sentía simpatía ninguna por el fascismo, temía que el conflicto del Chaco favoreciera la penetración del agresivo fascismo europeo en Sud América, y por eso consideró muy importante restablecer la paz entre el Paraguay y Bolivia, por encima de cualquier otro interés político o económico. Para Rout, este fue el principio orientador de la participación norteamericana en la Conferencia de Paz, y concuerdan con él historiadores respetados. Sin embargo, el representante norteamericano en la conferencia de paz, Spruille Braden, no era la personificación del espíritu de la buena vecindad ni el nuevo trato: por su familia, él estaba estrechamente vinculado a la Standard. Rout, que señala la relación entre las firmas Braden y Standard, no le concede al hecho un peso decisivo que le atribuyen los partidarios del predominio del petróleo en todo el asunto. Resulta un parecer aceptable porque la Standard no era omnipotente; Braden no podía desacatar las instrucciones recibidas de su país, que tampoco tenía en 1930 el poder que llegó a adquirir en 1960.
Basado en el testimonio de Braden y otros funcionarios públicos estadounidenses, Rout llega a la conclusión de que el tratado de 1938 fue impuesto por la presión política en la que sus compatriotas desempeñaron un rol dominante. Concediendo que hubiera presiones, la conferencia y su culminación no fueron tan simples. Más acertado resulta el juicio de Ricardo Scavone Yegros: aquel tratado fue el resultado de un proceso de negociaciones largo y complejo; que no hubiera disipado todos los recelos no significa que no hubiera logrado una paz estable entre los dos países limítrofes. Por otra parte, debe señalarse que, cuando apareció La Conferencia de Paz del Chaco (1970), aún no habían aparecido los libros de Ricardo Scavone Yegros, Liliana Brezzo, Francisco Doratioto y otros, que han aportado nuevos datos sobre el punto. Con relación a otra pieza esencial de la ficción chaqueña, Rout muestra que los negociadores paraguayos y bolivianos fueron intransigentes en defender los intereses de sus países; tan intransigentes que llegaron a chocar con los mediadores. Sin entrar a juzgar si fueron empecinados o patriotas (en sus memorias, Braden los declara insolentes, altaneros e incapaces de comprender la racionalidad de las propuestas norteamericanas), este libro deja en claro que las acusaciones políticas de traición no tienen fundamento, aunque sigan repitiéndose en el Paraguay y en Bolivia. Como señaló Ferro en una entrevista, la verdad es el resultado de una permanente confrontación entre la novela del pasado y su historia rigurosa.
* Guido Rodríguez Alcalá es escritor, historiador, periodista y crítico literario. Asesor del CCR Cabildo y colaborador en diversos periódicos locales y extranjeros, ha publicado obras en casi todos los géneros, siendo sus novelas más leídas Caballero (1986), elaborada en torno al personaje histórico, a quien desacraliza a través de su propio discurso, y El peluquero francés, obra sobre la relación entre Elisa Lynch y Solano López con la que obtuvo el Premio de Novela Lidia Guanes en 2008.