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En el siglo XVII, las Ordenanzas de Alfaro les concedieron a los indios la propiedad de tierras de cultivo, bosques y yerbales y además prohibieron a los colonos del Paraguay ir a molestarlos en sus dominios; sin embargo, en el siglo XIX, se les confiscaron todos sus bienes. Esto me decía Carlos Pastore en las postrimerías de la dictadura de Stroessner, que le había permitido volver a su país, después de treinta y nueve años de exilio en la Argentina y el Uruguay, pero sometido a vigilancia: para visitarlo, uno debía decir quién era y dar su número de documento de identidad al pyrague que seguía de cerca los pasos de aquel hombre próximo a los ochenta años y con una salud quebrantada.
Estuve a punto de ser vecino del doctor Pastore porque decidí y luego desistí de comprar un departamento del edificio Balmoral (Cerro Corá entre Estados Unidos y Brasil), donde él vivía y donde sufrió un serio percance cuando se desató un incendio, por suerte no fatal. Pero no vivía lejos de allí, así que podía visitarlo con frecuencia, venciendo la molestia del agente de policía, que tampoco era tanta. A causa de la democratización de la Argentina, el Brasil y el Uruguay, Stroessner se vio obligado a liberalizar su régimen, como lo había hecho en sus primeros años de gobierno, cuyo inicio y final tuvieron cierta semejanza.
Aquellas afirmaciones de mi respetado interlocutor me sorprendieron, porque yo por entonces estaba bajo la influencia de la llamada teoría de la dependencia, y en particular por su versión popularizada en Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Lo conocí a Galeano, acepto mucho de lo que él dice, pero no sus páginas sobre el Paraguay de Francia y de los López, que se puede resumir así: la Guerra de la Triple Alianza fue una consecuencia del desarrollo autónomo alcanzado por el Paraguay, que representaba una amenaza para el capitalismo internacional.
Conversando con Pastore, me percaté de que, si desarrollo autónomo implicaba socialismo, no podía haber socialismo donde se expropiaban los bienes de los indígenas, como lo hizo el decreto del 7 de octubre de 1848 firmado por Carlos Antonio López, quien también estatizó bosques y yerbales. Y el despojo había comenzado antes, si bien en forma algo más discreta: en 1825, el doctor Francia obligó a todos los propietarios rurales a presentar los títulos de sus terrenos, con lo cual más de la mitad de ellos pasaron a propiedad del Estado, y sus dueños debieron trabajar como arrendatarios en terrenos que les habían pertenecido durante generaciones, a causa de la precariedad de los títulos de la burocracia colonial. En rigor, la del periodo independiente no fue muy distinta: quitando el cambio de personas, siguieron las mismas instituciones con las mismas leyes (entre ellas las de Siete Partidas, del siglo XIII, y las de Indias, promulgadas para gobernar las colonias españolas). Resulta difícil creer que el Paraguay decimonónico, rigiéndose por códigos medievales, pudiera ser un modelo alternativo al imperialismo inglés, que por cierto tuvo sus grandes pecados.
Pero Pastore no dice que el país independiente fuera lo mismo que el colonial en cuanto a la situación agraria, sino que fue peor en muchos aspectos, y lo hace estudiando las disposiciones legales sobre el asunto en su libro principal, La lucha por la tierra en el Paraguay, publicado en 1949 y en el exilio. En cierto sentido, la obra tiene una organización muy simple porque, capítulo tras capítulo, y por orden cronológico, nos presenta toda la legislación vigente, desde el siglo XVI (con sus antecedentes medievales) hasta la primera mitad del siglo XX. En el capítulo III, por ejemplo, encabezado con un resumen de su contenido (como todos los demás), leemos: "1. Capitulación a Juan Ortiz de Zárate. 2. Ordenanzas de Juan Ramírez de Velasco. 3. Ordenanzas de Hernando Arias de Saavedra". Y así sucesivamente; Pastore menciona cada ley relevante y explica su alcance y contenido; lo pudo hacer como abogado e historiador, porque fue unos de los primeros miembros del Instituto Paraguayo de Investigaciones Históricas, fundado en 1937, y al que se incorporarían otros historiadores, liberales como Pastore y amigos: Antonio Ramos, Julio César Chaves, Efraím Cardozo, Carlos R. Centurión (en 1965, la entidad pasaría a llamarse Academia Paraguaya de la Historia).
Para el común de los mortales, resulta difícil comprender qué es lo que realmente quiere decir un texto legal, que muchas veces puede no estar disponible; Pastore pudo hacerlo por haber sido funcionario del Departamento de Tierras y Colonias del gobierno de José Félix Estigarribia, y autor del Código de Reforma Agraria, promulgado en 1940 y no mucho más aplicado que las Ordenanzas de Alfaro, a causa de la resistencia local y de la inesperada muerte de Estigarribia en septiembre de 1940, a la que siguió la contrarreforma del general Morínigo. De aquella experiencia malograda, le quedó al investigador el archivo que apoyó las investigaciones culminadas con la escritura de La lucha por la tierra en el Paraguay.
Tengo en mi biblioteca (se trata de una biblioteca matrimonial, sin separación de bienes con María Elena), la edición de 1972 de La lucha, con una dedicatoria del autor "al amigo de siempre" Salvador Villagra Maffiodo, mi suegro; él y el autor fueron liberales y colaboradores de Estigarribia, y después de su muerte trágica fueron desterrados, razón para estrechar una amistad de muchos años. En el círculo familiar, y en confianza, mi suegro decía que el libro era muy bueno y lamentablemente Pastore no era un buen expositor de sus ideas.
Y es cierto, por contener un catálogo de ordenanzas, cédulas, bandos, etc., La lucha resulta a veces tediosa; sin embargo, ese catálogo es la base empírica necesaria para sostener la tesis de su autor: que el Paraguay tiene un régimen de tenencia de la tierra extraordinariamente desigual, y no conocerá ningún cambio efectivo si no se cambia ese régimen. Una afirmación convincente porque, en un país agrícola y ganadero, la fuente del poder reside en la propiedad de la tierra, causa de una lucha secular por alcanzar el ideal formulado por el gobierno de Estigarribia: cada hogar paraguayo debe asentarse sobre un pedazo de tierra propia.
Pero no se trata solamente de las leyes, pues también se toman en cuenta las estadísticas, y así se nos muestra la situación rural de finales del siglo XIX, producto de la venta de las tierras públicas dispuesta por las leyes de 1883 y 1885, dictadas bajo la presidencia del general Bernardino Caballero (páginas 245 a 265 de la edición de 1972).
En aquellos años, en la Región Oriental del Paraguay, 1.130 fincas mayores de 1.875 hectáreas abarcaban 16.049.698 de hectáreas, o sea el 97% de la superficie de aquella zona donde vivía la casi totalidad de los paraguayos, que ocupaban una extensión muy reducida del Chaco (la concentración era aún mayor, porque algunas personas tenían más de un terreno.) El resto, el 3% restante de la Región Oriental (529.931 de hectáreas), correspondía a las fincas menores de 1.875 hectáreas; uno puede preguntarse cuántos cámpesinos poseían lotes de entre cinco y diez hectáreas; cuántos pequeños propietarios independientes quedaban en 1900.
Aunque las comparaciones son odiosas, me permito señalar la información dada por el conocido historiador George Lefebvre en su libro 1789: la Revolución Francesa: antes de la revolución, que llevó a cabo una reforma agraria expropiando las tierras de los estamentos privilegiados (clero y nobleza), los agricultores eran dueños del 30% de la superficie total del país; una proporción más alta que la del Paraguay del siglo XX.
Aún antes de la venta de las tierras de 1883 y 1885, en el periodo que Pastore llama "del imperialismo", ya existían graves desigualdades: en 1869, el mariscal López vendió a su compañera Elisa Lynch unos diez millones de hectáreas de tierras fiscales, que no podía enajenar sin disposición expresa del Congreso, y que pudo ser un regalo del guerrero a la madre de sus hijos. Esto hace difícil llamar "edad de oro" (Manuel Domínguez dixit) a lo que Pastore llamó "época mercantilista" (Thomas Whigham, en su libro Lo que el río se llevó, considera mercantilista la política económica de los López.)
Pero vayamos por orden: La lucha divide la historia de la tierra en el Paraguay en tres periodos: el colonial, el independiente hasta su giro mercantilista con los gobiernos de los López, el de la época constitucional iniciada a partir de 1870.
En el primer periodo, el colonial, se dictaron leyes justas como las Ordenanzas de Alfaro (1611), pero no fueron cumplidas. Por entonces regía el principio de "la ley se acata pero no se cumple". La encomienda, el trabajo forzado de los indígenas, fue abolida en 1803, pero solo en los papeles, porque la explotación prosiguió.
En el segundo periodo, el iniciado en 1811, el doctor Francia impuso un sistema dictatorial que, sin embargo, no desatendió por completo los intereses de los pequeños agricultores. Eso cambió después de la muerte del dictador (1840): Carlos López y su hijo Francisco tomaron medidas que volvieron más penosa la situación de los pobres rurales, como la confiscación de bosques y tierras comunales, o la de los bienes de las comunidades indígenas; sin olvidar la generosa cesión de tierras públicas a la señora Elisa Lynch.
En el tercer periodo, la aprobación de la Constitución de 1870 abrió la posibilidad de una mayor libertad y prosperidad: entre 1872 y 1883 hubo intentos serios de seguir ese camino. Una ley de 1872 dispuso la entrega gratuita de tierras a los agricultores, con el compromiso de no enajenarlas por el plazo de diez años. El propósito era el de implantar en el país el sistema del homestead norteamericano, que permitió el surgimiento de una clase media agricultora independiente. Sin embargo, el experimento no prosperó: fue avasallado por el espíritu imperialista de finales de siglo, que promovió el acaparamiento de la tierra, y se expresó en las mencionadas leyes de 1883 y 1885.
¿Erraba Pastore al acusar al imperialismo? No necesariamente, porque en toda la América española, desde México hasta la Argentina, hubo acaparamiento de la tierra: en México a partir de la promulgación de las tierras de terrenos baldíos; en la Argentina con la llamada Conquista del Desierto. La palabra "imperialismo", por otra parte, no aparece en El capital de Marx, sino en el libro del liberal inglés John Hobson, que lleva ese título. Y esto porque, para la propaganda gubernista paraguaya, Pastore era un bolchevique, a causa de sus ideas sobre el imperialismo y la reforma agraria.
No está de más recordar que la Revolución Francesa, indiscutiblemente liberal, llevó a cabo una reforma agraria; la Revolución Americana, otra en esa misma línea, se ocupó de poner la tierra al alcance de los agricultores, y esta fue una política constante de los gobiernos estadounidenses a lo largo del siglo XIX.
Cuando no bolchevique, fascista; este fue otro sambenito que le pusieron al historiador, por su participación en el gobierno de Estigarribia, cuya Constitución, la de 1940, concedía demasiadas atribuciones al Poder Ejecutivo. Y, sin embargo, como señala el geógrafo Jan Kleinpenning, aquel empoderamiento respondía al deseo de llevar a cabo una reforma agraria, imposible dentro de los cánones de la conservadora sociedad paraguaya.
Para terminar, me resulta difícil no comparar la exaltación de la gloria militar decimonónica de Juan O'Leary con la menos gloriosa descripción del estado de tenencia de la tierra de Carlos Pastore. O'Leary comenzó su "apostolado patriótico" en 1902, cuando las cosas estaban mayormente como las mostraría Pastore décadas después, o Rafael Barrett unos años después. En un país con tantos problemas presentes, se preguntaba Barrett, ¿para qué ocuparse tanto del pasado? Esa pregunta sigue teniendo actualidad.
* Guido Rodríguez Alcalá es escritor, historiador, periodista y crítico literario. Asesor del CCR Cabildo y colaborador en diversos periódicos locales y extranjeros, ha publicado obras en casi todos los géneros, siendo sus novelas más conocidas Caballero (1986), elaborada en torno al personaje histórico, a quien desacraliza a través de su propio discurso, y El peluquero francés, obra sobre la relación entre Elisa Lynch y Solano López con la que obtuvo el Premio de Novela Lidia Guanes en 2008.
