Control a las ONG: para abogado, modificaciones introducidas a la ley tienen “fines políticos”

Las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley de control a las organizaciones no gubernamentales, y que fue aprobada en la Cámara de Diputados, ocasiona una “sobrenormativa” expresa el abogado Ricardo Merlo, señalando que se crea con esto otro registro con control igual a las que ya se cuentan en las instituciones del Estado. Asimismo, advierte que lo que realmente esta iniciativa tiene son “fines políticos”, que busca “estigmatizar a las ONG” denostando trabajos honestos de la sociedad civil y excluyendo a los sectores que han sido salpicados por casos de lavado de dinero o narcotráfico.

“Estamos ante una sobrenormativa que se trata de justificar con la apariencia de que se busca transparencia”, dice advirtiendo que estas modificaciones introducidas excluyen a los partidos políticos donde hay procesados o imputados, acusados o condenados por sus nexos con el narcotráfico, y a los clubes de fútbol, un sector salpicado por lavado de dinero.

En exclusiva con el diario El Nacional, Merlo refiere que esto da a entender que la ley es con fines políticos, porque si realmente la lucha era contra todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero o el dinero ilegal, entonces no iban a ser excluidos los partidos políticos. “Acá hay un direccionamiento que puede ser utilizado con fines políticos, sencillamente para investigar a las ONG que estén molestando”, cuestionó.

Insistió en que esta es la apreciación que se tiene porque lastimosamente es muy evidente que solo se enfoquen directamente en las organizaciones de la sociedad civil que han denunciado al Estado en muchas ocasiones.

Consecuencias

Respecto a las consecuencias que podría acarrear esta “sobre normativa” sostiene que será un control que no es necesario, atendiendo que existen carteras como la Contraloría, la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) entre otros en cargadas de la tarea con profesionales en esa materia y no se verían afectados las ONG o las personas que trabajan con ellos y no ocurriría que los documentos o datos personales no serían divulgados con otra finalidad.

“Y bueno, a las pruebas me remito que básicamente las documentaciones que se entregaron (a la Comisión Bicameral de Investigación) fueron básicamente utilizadas para denotar trabajo de gente reconocida en el ámbito de la comunicación que, por ejemplo: por dar un curso son tachados de comprados”, criticó.

Tampoco acompaña sobre las insinuaciones de que las ONG financian candidaturas porque para eso existe el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

“Por eso es que hay una sobre normativa que tiene una finalidad política de estigmatizar a las organizaciones de la sociedad civil haciendo interpretaciones o revelando documentos ya con una intención de hacer interpretaciones distorsionadas”, insistió.

“Torcer el brazo”

Merlo dijo con respecto a las declaraciones del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez de que se tomarán el tiempo de “una o dos semanas o un mes” para analizar las modificaciones introducidas por el Ejecutivo que espera que ese “tiempo” que anunciaron no sea una estrategia para enfriar ahora el proyecto, pero que luego una aplanadora presente devuelta en otra ocasión cuando la ciudadanía esté distraída con otros temas.

“Ojalá sea un objeto de discusión, ojalá realmente no haya una decisión o alguna mano que tuerza la voluntad de los propios senadores porque si existe esa mano que está torciendo la voluntad de los senadores entonces está faltando a la finalidad misma para la cual fueron electos que es la de ser independientes en sus propias decisiones libres para la cual fueron votados por el pueblo, si no se está robando la voluntad”, acotó.

Asimismo, espera que esta vez “nadie puede tener la fuerza de torcer la decisión interna y razonable que pueda tomar los representantes del pueblo”, esto en referencia a las declaraciones del senador Gustavo Leite, que dio a entender en un audio filtrado que existe una figura capaz de hacerles “torcer el brazo” a los legisladores.