El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone el foco en decisiones que afectan la transparencia judicial y en el avance del crimen organizado dentro del sistema penitenciario, configurando un escenario de debilidad institucional que enciende alarmas sobre la calidad democrática.
El exministro consideró que mantener en reserva las decisiones de los ministros representa un retroceso institucional. Sostuvo que los magistrados ejercen un poder público y deben rendir cuentas ante la ciudadanía, al señalar que "el control ciudadano a través de la información es fundamental".
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