El líder de Juntos por el Perú ha subrayado que su posición es crítica frente a la futura presidenta. "Nosotros somos dialogantes, construimos siempre, pero a la señora Keiko Fujimori yo no le creo nada", ha advertido.
El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, ahora abogado del expresidente Pedro Castillo, había sido una figura destacada de la lucha contra la corrupción, siendo clave en el proceso contra Fujimori y quien pidió su entrada en prisión provisional, si bien a finales de 2025 el Tribunal Constitucional archivo la causa por financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016, en el marco del caso 'Cócteles'.
La denuncia se basa en unas declaraciones del propio Torres en las que reveló que Fuerza Popular se coordinó con el Congreso y la Fiscalía, además de con otros actores políticos para deponer a Castillo, quien finalmente fue detenido en diciembre de 2022 tras un intento fallido de disolver el Parlamento.
Una serie de destituciones, renuncias y vacancias presidenciales revela una profunda crisis institucional y el choque constante entre el Ejecutivo y el Congreso.
El nuevo jefe de Estado descarta la medida: "No está en agenda".
De igual manera, también se ha señalado que cualquier ingreso por la fuerza en una Embajada extranjera supondría una "violación internacional" y concede tres días a las partes demandadas para presentar alegaciones.
En algunos casos, como en Ayacucho, las víctimas mortales presentaron heridas que concuerdan con las que producen los proyectiles utilizados por militares. La Fiscalía imputó a militares por la muerte de diez personas en las manifestaciones que comenzaron tras la detención y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.
El político de centroizquierda, un abanderado de la lucha anticorrupción durante su presidencia entre 2018 y 2020, fue hallado culpable de recibir 640.000 dólares en sobornos de empresas constructoras mientras era gobernador de la región sureña de Moquegua entre 2011 y 2014.
El expresidente fue acusado por conspiración para rebelión al considerar que participó en el intento fallido de golpe de Estado de diciembre de 2022.
Está acusado por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público tras su fallido intento de cerrar el Congreso en 2022.
El Tribunal Supremo dictaminó cinco meses de prisión preventiva, así como una orden de busca y captura contra la ex primera ministra de Gobierno.
El Gobierno peruano propondrá a la OEA una modificación de la Convención de Caracas para evitar su "tergiversación"
La presidenta de México afirmó que se trata de una decisión unilateral del gobierno peruano y limitado al ámbito diplomático, no así consular y comercial.
Lima descarta intervenir en la Embajada mexicana como Ecuador en 2024 pero expulsa a su encargada
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