Críticas apuntan a incoherencias éticas, falta de debate legislativo y posibles impactos en la soberanía migratoria.
El dirigente liberal afirmó que existe una contradicción entre la retórica del Gobierno sobre el combate al crimen organizado y los casos que involucran a figuras políticas. Señaló que esta situación genera descrédito e interrogantes sobre lo que se espera en una democracia.
El exministro consideró que mantener en reserva las decisiones de los ministros representa un retroceso institucional. Sostuvo que los magistrados ejercen un poder público y deben rendir cuentas ante la ciudadanía, al señalar que "el control ciudadano a través de la información es fundamental".
