El decreto del presidente José María Balcázar, señala que la Policía Nacional sigue siendo por este período la encargada de mantener el orden en las zonas afectadas, Lima Metropolitana y la provincia de Callao, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Una serie de destituciones, renuncias y vacancias presidenciales revela una profunda crisis institucional y el choque constante entre el Ejecutivo y el Congreso.
Balcázar se ha convertido esta semana en el octavo presidente peruano en apenas una década, después de que el Congreso destituyera a través de una moción de censura a José Jerí, acosado por varios escándalos, en un otro episodios más de una inestabilidad política e institucional sin precedentes en la región.
Aseguró que la "única forma de evitar la inestabilidad económica y política es tener autoridades dignas que (...) defienden nuestra soberanía y no son serviles del imperio gobernado por Donald Trump.
La causa se refiere a la contratación de cinco mujeres presuntamente cercanas al mandatario, al caso abierto por el mismo delito surgido de sus encuentros clandestinos con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.
Se le atribuye el control de una red criminal basada en el secuestro y la extorsión que opera en el norte de la provincia de Lima. A su regreso ha sido enviado a la Base Naval del Callao, centro penitenciario en el que están recluidos, sobre todo, miembros de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Alegan "incapacidad moral permanente" por sus reuniones clandestinas con un empresario chino, los escasos resultados en seguridad y la privatización de Petro-Perú
El Gobierno peruano publicó el pasado 31 de diciembre un decreto de urgencia que permite la entrada de capital privado en bloques patrimoniales de Petroperú, incluidos activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara.
Está acusado por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público tras su fallido intento de cerrar el Congreso en 2022.
Chávez es acusada de haber participado en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Tras la orden de captura, la policía peruana reforzó la seguridad en la sede de la embajada mexicana.
La policía confirmó que un agente de civil mató a Mauricio Ruiz, un rapero de 32 años que participaba en las marchas convocadas por la Generación Z.
La moción recibió 60 votos en contra, principalmente de las fuerzas de derecha que respaldan al mandatario interino José Jerí.
El mandatario interino aseguró que está comprometido con mantener la estabilidad del país hasta los comicios de abril próximo.
Un hombre murió y al menos 100 personas resultaron heridas en enfrentamientos, durante una protesta liderada por jóvenes contra el Gobierno recién instalado y el Congreso, en Lima.
