Las comunidades mantendrán bloqueos y concentraciones durante toda la jornada de martes, sin movilizarse a Asunción. La protesta se intensifica tras días de medidas intermitentes.
Denuncian, también, que el traslado de la sede central del Instituto Paraguayo del Indígena violaría leyes nacionales y convenios internacionales. Exigen reapertura en Asunción, presupuesto para tierras y fin de los desalojos forzosos.
El proyecto, con una inversión cercana a G. 3.000 millones, contempla el diseño y la primera fase de edificación en Yhú. La futura sede busca fortalecer la atención y el acompañamiento a comunidades indígenas.
El procedimiento involucra a fiscales, policías y varias instituciones estatales. La mayoría de las víctimas son indígenas y habrían sido sometidas a explotación laboral y sexual. El sitio ya había sido clausurado, pero seguía operando.
La medida forma parte de un proceso de descentralización que busca acercar los servicios a las comunidades indígenas. La sede de Asunción había sido foco de reclamos vecinales por los constantes cortos de ruta y otras formas de reclamo de grupos indígenas.
Los habitantes del barrio realizaron una protesta para exigir también y el traslado del ente. Denuncian robos, amenazas y desorden desde que comunidades indígenas se instalaron frente a la institución. Piden una solución estatal sin vulnerar derechos.
