El Congreso allana el camino para que el presidente ordene el despliegue de militares frente a protestas
La revocación de la Ley de Estados de Excepción recibe el apoyo de dos tercios de los congresistas tras este mismo paso por parte del Senado
La revocación de la Ley de Estados de Excepción recibe el apoyo de dos tercios de los congresistas tras este mismo paso por parte del Senado
Lo han hecho con dos tercios de los votos de los legisladores presentes, tras un debate que se ha extendido por más de cinco horas, teniendo que remitirse ahora al Ejecutivo para su correspondiente promulgación.
La medida se aplicará en las provincias de Pichincha, donde se encuentra Quito, capital del país; Guayas, zona en la que está Guayaquil, otra de las principales urbes de Ecuador; Manabí; Santa Elena; Los Ríos; El Oro; Esmeraldas; Santo Domingo de los Tsáchilas, y Sucumbíos, así como los cantones La Maná, en la provincia de Cotopaxi, Las Naves y Echeandía, en la de Bolívar, y La Troncal, en la de Cañar.
Con esta medida se podrá para suspender ciertas libertades y garantías con el objetivo de facilitar el despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde se registran homicidios.
La medida estará en vigor durante dos meses y acarrea la suspensión en las mencionadas provincias y comarcas de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.
La medida rige en Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, así como a los cantones de La Maná, de la provincia de Cotopaxi, Las Naves y Echeandía, en Bolívar, según indica el propio decreto.
El documento establece que se han retirado estas medidas en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, donde ya no rigen las medidas que restringían los movimientos y libertades, además de los toques de queda.
El decreto permite a Maduro "actuar en materia de defensa y seguridad para defender a Venezuela" ante una eventual "agresión" de Estados Unidos.
La medida se aplicará por 60 días, donde Daniel Noboa además suspendió la libertad de reunión. El gobierno argumentó que los bloqueos provocaron "complicaciones en la cadena de abastecimiento de alimentos".
Los fallecidos estaban siendo procesados, no tenían condenas y tampoco "el perfil de pandilleros", explicó una ONG.