Rafael Filizzola denunció la existencia de vínculos entre el crimen organizado, el Ministerio Público y altos funcionarios del Gobierno. Apuntó directamente al ministro de Inteligencia y a un fiscal, a quienes acusó de amparar a estructuras criminales.
El Ministerio Público resolvió formular imputación contra Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido legislador Eulalio "Lalo" Gomes, junto con tres escribanas públicas, por hechos vinculados al caso "Pavo Real PY II".
El abogado Óscar Tuma comunicó este jueves su renuncia a la defensa técnica de Alexander Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio "Lalo" Gomes.
La Fiscalía y la Policía realizaron procedimientos en varias notarías y una empresa privada para incautar documentos sobre transferencias irregulares de propiedades vinculadas al exdiputado fallecido.
La familia denuncia encubrimiento fiscal y cuestiona la desestimación de la causa sin imputaciones.
Según datos preliminares de las autoridades el hombre investigado en el marco de Pavo Real II intentó autoeliminarse durante el procedimiento. Se encontraba en grave estado.
Según la policía, el hombre investigado en el marco de la causa Pavo Real II, intentó autoeliminarse en pleno allanamiento.
El hombre identificado como Óscar Daniel Cabreira Pinazo, sigue con vida pero en estado crítico. Está siendo investigado dentro del operativo Pago Real II.
El profesional de derecho fue imputado junto a su cliente Alexandre Rodrigues Gomes y una funcionaria de Registros Públicos.
El abogado y representante del hijo del fallecido diputado durante un operativo policial convocó a una conferencia de prensa este viernes.
La familia del legislador abatido por policías no podía acceder a los bienes.
El abogado de la familia dijo que aún no se comunicó con su cliente, pero que han solicitado el traslado del mismo a otra penal.
El objetivo es evitar que se pueda disponer de los bienes del parlamentario que falleció en un operativo policial en su casa.
La hija y la viuda del extinto diputado piden a legisladores investigar el proceso de decomiso realizado por la Senabico porque denuncian que se quieren apoderar de los bienes sin respetar la ley.
Para Óscar Tuma, el juicio político no es una persecución, sino un mecanismo constitucional de control.
