Verificarán situación de derechos humanos en el norte frente a accionar de grupos armados y FTC
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), con el acompañamiento de la Pastoral Social de la Diócesis de Concepción y Amambay, encabezará una misión de observación en el norte del país, que incluye reuniones con autoridades gubernamentales, familiares de víctimas de secuestro y organizaciones sociales.
El objetivo de la tarea, que se desarrollará entre el lunes 22 y el viernes 26 próximos en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, es relevar y sistematizar información sobre la situación de los derechos humanos de la población que vive en las zonas de actuación de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) y de grupos armados irregulares como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), y los dedicados al contrabando, el narcotráfico y rollotráfico, entre otros.
Según informó la CODEHUPY, esto permitirá “profundizar el trabajo” que viene realizando la organización en estos “territorios militarizados” donde operan grupos criminales, que generan una “doble presión” para la población civil. “La misión se valdrá de grupos temáticos de trabajo, que investigarán sobre distintos derechos, entre ellos derechos de la niñez y adolescencia, de las mujeres, de población indígena. Temáticas relacionadas a la seguridad, al territorio, a la salud y educación también serán abordadas”, se informó.
La agenda incluye reuniones con autoridades locales, representantes de la FTC, Ministerio de la Defensa Pública, organizaciones sociales, campesinas, indígenas, educadores, familiares de víctimas de secuestro, y víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, y también de los grupos armados que operan en la zona.
Los hallazgos se darán a conocer el viernes 26 en una conferencia de prensa, y posteriormente la información se incluirá en un informe que se hará público y se entregará a organismos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) en marzo próximo.
Grupos armados
Según el abogado Juan Martens, investigador del Consejo Nacional de Ciencias y de la Universidad Nacional de Pilar, el EPP es sólo uno de los grupos armados ilegales existentes en el norte del país, argumentando que “las cifras de muertos por sicariato, 1320 en Amambay y 500 en Concepción, hablan claramente de la existencia de más actores en el terreno”.
También están las bandas mafiosas integradas por grupos locales y las poderosas facciones brasileñas del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho que disputan territorios y negocios ilícitos como las drogas y el tráfico de armas. A ellas hay que agregar a los matones que son contratados para proteger las grandes propiedades rurales. Un informe de la CODEHUPY habla de 117 asesinatos de dirigentes campesinos desde 1989, a cargo de elementos policiales y de estos matones.
Según Martens todos estos grupos tienen establecidos distintos tipos y niveles de relación con las comunidades campesinas e indígenas de la zona, ya sea “por miedo, conveniencia y también por simpatía”. “No podemos negar que hay sectores que simpatizan; ahí tenemos cuestiones de desigualdad estructural lacerante que le da contenido al discurso del EPP; estas organizaciones actúan como células, se mimetizan dentro de la población; es hipotéticamente imposible un combate frontal de soldados del EPP y soldados del Estado paraguayo; eso es algo que no se va a dar”, afirmó.