La defensa legal del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, nominado por los Estados Unidos como "significativamente corrupto", solicitó a la Justicia la desestimación de la investigación fiscal abierta en contra de este y de Juan Carlos Duarte, exfuncionario de la Yacyretá. Ambos fueron involucrados por el Departamento de Estado de los EE. UU. en un supuesto millonario pedido de coima.
El Ministerio Público abrió en agosto del 2022 un proceso de investigación contra el vicepresidente de la República Hugo Velázquez, tras la denuncia formulada por los Estados Unidos, el pasado 12 de agosto, sobre un supuesto soborno a un alto funcionario público con el fin de obstruir una indagación en su contra que amenazaba a sus intereses financieros.
Fueron designados en la causa los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz. El país norteamericano había afirmado que el segundo del Poder Ejecutivo, junto con su amigo íntimo, exasesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Juan Carlos “Charly” Duarte, habían ofrecido un millón de dólares americanos como coima.
La situación había obligado a los Estados Unidos a declarar al colorado como “significativamente corrupto”, hecho que motivó a que presente inmediatamente su renuncia como precandidato a la presidencia por el movimiento Fuerza Republicana.
Ante la calificación tanto Velázquez; su esposa, la fiscal adjunta Lourdes María Andrea Samaniego González, y sus hijos Dionisio Adalberto Velázquez Giménez, Sonya Rebeca Velázquez Escauriza, así como Ninfa Concepción Vera Moreira, se encuentran impedidos para ingresar al territorio de los Estados Unidos.
La medida también fue adoptada para Duarte y Tamara Duarte de Martínez. Si bien la Fiscalía realizó la apertura de la investigación, e incluso recibió información sobre la investigación de los Estados Unidos, nunca realizó ninguna diligencia al respecto, teniendo la causa estancada hasta hoy día.
