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La legisladora del Partido Patria Querida solicita que la Procuraduría remita un informe completo sobre todas las actuaciones desarrolladas desde septiembre de 2025 hasta la actualidad, periodo en el que el abogado Rubén Gaona se desempeña como encargado de despacho del organismo encargado de la defensa de los intereses patrimoniales del Estado.
Entre los principales puntos del requerimiento figura la identificación de todos los expedientes en los que la Procuraduría haya alcanzado acuerdos extrajudiciales, ya sea en procesos en los que el Estado actuó como demandante o como demandado. El proyecto exige que se detallen datos específicos de cada causa, incluyendo la carátula correspondiente, el número de expediente, el año de tramitación, así como el juzgado y la secretaría intervinientes.
Además, la propuesta apunta a determinar el impacto económico de dichos acuerdos. En ese sentido, se pide comparar los montos originalmente reclamados por el Estado con las sumas finalmente recuperadas tras la conclusión de los procesos. En aquellos casos en los que los recursos obtenidos hayan sido inferiores a las pretensiones iniciales, la Procuraduría deberá explicar y fundamentar las razones que motivaron la aceptación de esas condiciones.
Otro de los aspectos incluidos en el pedido se refiere al cobro de honorarios profesionales por parte de abogados del Estado. Vallejo plantea que la institución detalle quiénes percibieron estos pagos y bajo qué circunstancias, remitiendo la nómina completa de los beneficiarios, además de las facturas emitidas, los acuerdos suscritos y los documentos de desistimiento vinculados a cada caso.
La parlamentaria también busca conocer cuál es el procedimiento actualmente vigente para la distribución y el destino final de los recursos obtenidos en concepto de honorarios profesionales, considerando que se trata de fondos generados en el marco de la representación legal del Estado paraguayo.
El proyecto de resolución será analizado inicialmente por las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados y, posteriormente, deberá ser sometido a consideración del pleno para definir si el requerimiento es remitido formalmente a la Procuraduría General de la República.
La iniciativa se enmarca dentro de las atribuciones de control y fiscalización que posee el Congreso Nacional sobre las instituciones públicas y apunta a obtener mayores niveles de transparencia respecto al manejo de procesos judiciales y recursos económicos vinculados a la defensa de los intereses del Estado.
