Vaesken dispara contra el TSJE: "La adjudicación genera una desconfianza enorme"
El proceso de adjudicación para el alquiler de las máquinas de votación destinadas a las elecciones municipales del 2026 volvió a quedar en el centro de la polémica, luego de que legisladores de la oposición expresaran fuertes cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento y alertaran sobre eventuales riesgos de manipulación. Desde la Justicia Electoral, en contrapartida, defendieron con firmeza la legalidad del trámite y la seguridad de los equipos que serán utilizados en los comicios.
Las críticas más duras surgieron desde filas liberales, donde el diputado Adrián Billy Vaesken afirmó que persiste un clima de desconfianza en torno al proceso licitatorio, principalmente por el vínculo que, según señaló, existiría entre la empresa proveedora de las máquinas y el entorno del presidente Santiago Peña. A su criterio, la adjudicación quedó rodeada de una percepción de opacidad que, lejos de disiparse, se profundiza con el paso de los días.
El legislador sostuvo que existen dudas serias sobre la forma en que se condujo la licitación y sobre la idoneidad de los equipos que serán utilizados, a los que calificó como antiguos y técnicamente vulnerables. En ese sentido, recordó que el senador Ever Villalba expuso públicamente fallas que, según dijo, demostrarían la fragilidad del sistema. Vaesken advirtió que la confianza en el proceso democrático no se construye con discursos técnicos, sino con garantías verificables y control real antes, durante y después de la jornada electoral.
El diputado también cuestionó la actitud del TSJE en el manejo de la comunicación pública, al denunciar supuestas restricciones al debate ciudadano en las redes oficiales del organismo electoral tras el anuncio de la adjudicación. Para la oposición, este tipo de medidas no hace más que debilitar la credibilidad institucional en un contexto ya marcado por las dudas.
Desde el Senado, el legislador Rafael Filizzola se sumó a las objeciones al señalar que ningún sistema electrónico está exento de fallas. Remarcó que cualquier dispositivo que almacene información puede ser potencialmente vulnerable y recordó que las advertencias sobre estos riesgos no son nuevas, sino que se repiten desde la implementación del voto electrónico.
Uno de los principales referentes de la postura crítica sigue siendo el senador Ever Villalba, quien en reiteradas ocasiones aseguró haber demostrado que los chips de las papeletas pueden ser alterados. Según su versión, sería posible intervenir el voto antes, durante e incluso después del acto electoral, lo que, a su entender, invalida cualquier garantía de seguridad. Villalba se mantuvo firme en su postura y reiteró que no confía en el sistema de votación electrónica.
Frente a este escenario de cuestionamientos, las autoridades del TSJE salieron a defender la adjudicación del contrato, que contempla una inversión de alrededor de 35 millones de dólares para el alquiler de unas 18.000 máquinas. Aseguraron que el procedimiento se ajustó plenamente a las normas vigentes y que no existen irregularidades ni brechas de seguridad que pongan en riesgo la transparencia de las elecciones.
Desde la institución afirmaron que el proceso fue evaluado en todas sus etapas y que las máquinas cuentan con mecanismos de control suficientes para evitar cualquier intento de manipulación. Insistieron además en que el acompañamiento de los partidos políticos y las auditorías técnicas serán claves para garantizar la confianza pública en el sistema de votación que se utilizará en el 2026.
Mientras tanto, el debate sigue abierto y la polémica en torno al voto electrónico vuelve a instalarse con fuerza en la antesala de un proceso electoral que ya empieza a calentar el clima político.