PolíticaSin negociar
La negociación, que estaba llamada a ser un hito para definir cómo se reparten ingresos, costos y beneficios de la mayor hidroeléctrica binacional del mundo, terminó atravesada por un escándalo de espionaje cibernético entre Estados, un parate que duró meses y un debate interno en el que parte del Gobierno fue criticado por su manejo de la situación. Este es el relato completo de lo que pasó y de cómo está hoy el caso.
El Anexo C del Tratado de Itaipú es la parte del acuerdo que establece las bases financieras y operativas de la electricidad que produce la represa, incluyendo tarifa, modalidad de contratación, cronogramas y otros componentes económicos. Paraguay y Brasil tenían como objetivo revisar ese anexo porque —según técnicos y sectores políticos paraguayos— la fórmula vigente no refleja equidad en los beneficios derivados de la producción energética. La revisión, más de 50 años después de la firma del tratado, se veía como una oportunidad histórica para renegociar condiciones consideradas desventajosas para Paraguay.
La película comenzó a tomar un giro inesperado en abril de 2025, cuando se hizo pública una investigación internacional que atribuía a la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) la realización de actividades de espionaje cibernético sobre autoridades paraguayas relacionadas con las negociaciones del Anexo C. Según esa investigación, se habrían utilizado herramientas sofisticadas de software para acceder a computadoras y dispositivos, buscando información sobre las posiciones negociadoras de Paraguay.
La reacción oficial de Paraguay no fue inmediata, pero sí contundente: el gobierno decidió suspender temporalmente todas las negociaciones sobre el Anexo C hasta que Brasil brindara aclaraciones formales sobre las acciones de inteligencia y lo que fue considerado como una vulneración a la soberanía y a la confianza bilateral. La Cancillería paraguaya emitió una nota oficial y convocó a consultas al embajador paraguayo en Brasilia para traer detalles al país.
Esa decisión profundizó una crisis diplomática que no sólo afectó el diálogo sobre el Anexo C, sino que también puso sobre la mesa la preocupación de sectores técnicos y políticos de Paraguay: muchos críticos entendían que el Gobierno de Santiago Peña no había defendido con firmeza los intereses nacionales, y que la prolongación de la suspensión de las conversaciones —más allá de una actuación diplomática correcta— terminó beneficiando al socio más poderoso en la negociación, Brasil. Para esos críticos, el parate de los meses siguientes se transformó en un "tiempo ganado" para Brasil en mantener las condiciones vigentes del tratado sin aceptar cambios sustanciales.
Aunque los detalles de las acusaciones de espionaje nunca fueron revelados en su totalidad al público —el contenido del informe fue manejado como confidencial entre gobiernos—, la presión sobre el Gobierno paraguayo aumentó. En ese contexto, muchos analistas y voces de la academia reclamaron más transparencia, una hoja de ruta clara y una postura firme en defensa de los intereses nacionales y de la seguridad de la información estratégica.
El punto de inflexión ocurrió en noviembre de 2025, cuando Brasil finalmente entregó oficialmente el "informe confidencial" solicitado por Paraguay con explicaciones sobre el caso de espionaje. Con eso, los cancilleres de ambos países emitieron una declaración conjunta que permitió considerar el capítulo cerrado y abrir la puerta a la reanudación de las negociaciones del Anexo C a partir de la primera quincena de diciembre de 2025.
Ese gesto diplomático fue interpretado en Asunción como una señal de que, aunque el episodio había sido perjudicial para la confianza bilateral, la relación con Brasil —un socio histórico clave— debía resguardarse. La declaración conjunta incluyó el compromiso de avanzar en la agenda binacional, y con la entrega del informe confidencial se buscó despejar el camino para retomar lo que estaba en juego: la negociación de un Anexo C más favorable para Paraguay.
Hoy, al cierre del año, las negociaciones se han retomado oficialmente tras ese desbloqueo, aunque sin una fecha límite fijada para cerrar un acuerdo definitivo. La negociación sigue basada en un entendimiento previamente acordado en 2024, y tanto técnicos como diplomáticos de ambos lados trabajan para encontrar puntos de consenso. El clima ya no es el mismo de los primeros meses del año, y —según algunos expertos— la falta de transparencia de partes del proceso sigue siendo un tema de debate en la opinión pública.
En resumen, la historia del Anexo C de Itaipú en 2025 pasó de ser una negociación técnica larga y compleja a convertirse en un episodio político y diplomático cargado de tensión, con un choque de soberanías y reclamos de transparencia. Lo que estaba planteado como una oportunidad para definir el futuro energético y económico del país terminó siendo uno de los debates más intensos del año, con capítulos que incluyeron desde acusaciones de espionaje hasta críticas internas por la forma en que se gestionó el diálogo internacional. Y aunque hoy la mesa de negociación está de nuevo en pie, el balance de este parate histórico todavía genera discusiones sobre qué se ganó —y qué se perdió— en el proceso.
