TSJE no logra apagar polémica por máquinas de votación
La Justicia Electoral desplegó auditorías, verificaciones técnicas, explicaciones públicas y nuevas instancias de revisión para intentar despejar las dudas sobre las máquinas de votación que serán utilizadas en las internas del 7 de junio. Sin embargo, los controles no lograron cerrar la polémica: sectores de la disidencia colorada, del PLRA y de la oposición llegan a la recta final con cuestionamientos sobre la transparencia, la profundidad de las auditorías y las garantías reales del sistema.
La carrera hacia las elecciones internas simultáneas del próximo 7 de junio quedó atravesada por una sombra que la Justicia Electoral no consiguió disipar del todo: la desconfianza sobre las máquinas de votación. Lo que comenzó como un reclamo técnico se transformó rápidamente en una controversia política de alto voltaje, con advertencias de fraude, pedidos de auditorías más profundas, cuestionamientos al proveedor y acusaciones cruzadas entre sectores partidarios.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral defendió el proceso, recordó que ya realizó una auditoría de hardware y software en febrero con técnicos de organizaciones políticas acreditadas y habilitó luego nuevas verificaciones a pedido de movimientos internos. Pero esas medidas no alcanzaron para convencer a todos los actores. La disidencia colorada sostuvo que la revisión inicial no incluyó a los movimientos internos, mientras que sectores liberales insistieron en que las garantías ofrecidas no despejan por completo las dudas sobre una eventual vulnerabilidad del sistema.
Una auditoría inicial que no cerró el debate
La Justicia Electoral informó que la auditoría técnica de las máquinas comenzó el 2 de febrero y concluyó el 28 de ese mes, con presencia de representantes técnicos de 23 organizaciones políticas. Según el TSJE, esa fue la revisión formal del hardware y software que se utilizará en el proceso electoral.
Sin embargo, ese punto se convirtió justamente en una de las principales grietas del debate. Desde Colorado Añetete, el apoderado Sergio Coscia señaló que en aquella instancia participaron los partidos, pero no los movimientos internos que competirán en las internas. Esa diferencia alimentó el reclamo de una auditoría más específica y con participación directa de los sectores en disputa.
El reclamo de la disidencia colorada fue más allá de una simple revisión. Apoderados de movimientos opositores al cartismo dentro de la ANR pidieron incluso suspender el cronograma electoral hasta que se realizara una auditoría considerada profunda y suficiente sobre las máquinas. La preocupación se reforzó por cuestionamientos al proveedor Comitia-MSA y por denuncias vinculadas al contrato de arrendamiento de la tecnología.
La presión política se trasladó también al discurso de referentes como Lilian Samaniego y Arnoldo Wiens, quienes exigieron mayores garantías. Wiens advirtió que la disidencia sería "custodia vigilante" del proceso, mientras otros actores reclamaron controles capaces de blindar la voluntad popular ante cualquier sospecha.
El PLRA también pidió revisar las máquinas
La inquietud no quedó limitada a la interna colorada. El PLRA también solicitó al TSJE auditar las máquinas para descartar dudas. Su titular, Hugo Fleitas, sostuvo que el partido no encontró elementos objetivos que demostraran la preparación de un fraude, pero admitió que tampoco existía una certeza absoluta sobre la imposibilidad de vulneración del sistema. La postura liberal quedó resumida en una idea política prudente pero reveladora: no confiar a ciegas y mantenerse vigilantes.
Dentro del liberalismo, las posiciones fueron incluso más tensas. Sectores vinculados a Éver Villalba y Dionisio Amarilla cuestionaron el nivel de garantías, mientras surgieron disputas internas sobre la designación del apoderado técnico Carlos Díaz Casabianca. Villalba llegó a acusarlo de responder a intereses cartistas, mientras otros sectores defendieron su idoneidad.
Las dudas se alimentaron además por episodios concretos durante pruebas y simulacros. Se reportaron fallas de impresión de boletines, lo que abrió otra discusión: si el problema era meramente mecánico o si podía afectar la integridad del voto. Casabianca explicó que, si el chip conserva correctamente la información, el error sería de impresión y no de alteración del sufragio; pero otros dirigentes liberales advirtieron que una falla así, en una elección reñida, podía desatar una crisis de legitimidad.
El TSJE abrió nuevas verificaciones, pero con límites
Ante el aumento de la presión, el TSJE habilitó nuevas jornadas de revisión técnica para movimientos internos. Primero participaron representantes de la ANR y luego estaba previsto el turno del PLRA. La Justicia Electoral defendió la apertura del proceso y sostuvo que los apoderados pudieron verificar el estado y funcionamiento de la tecnología, además de formular consultas sobre las máquinas.
Desde el Tribunal Electoral Partidario de la ANR, Santiago Brizuela dio por satisfecha la revisión y afirmó que todas las preguntas de los representantes técnicos fueron respondidas. Para el oficialismo colorado, esa instancia sirvió para dar tranquilidad a los sectores participantes.
Pero la lectura no fue uniforme. Desde la disidencia se señaló que una presentación anterior en la ANR había sido limitada, con una sola máquina disponible, lo que impedía comparar equipos o realizar un análisis más profundo. También se mencionó un episodio con un pendrive utilizado para encender la máquina, cuyo contenido copiado no habría funcionado inicialmente y obligó a desarrollar nuevamente un programa "en abierto" con participación de técnicos.
Ese punto es clave: no se verificó que el TSJE haya entregado libremente todo el código fuente de las máquinas. Al contrario, desde la Justicia Electoral se sostuvo que el código fuente está protegido por propiedad intelectual y que la institución alquila la tecnología, por lo que no puede disponer de ella como si fuera propia. El TSJE aseguró haber abierto todo lo que podía abrir dentro de los límites legales y contractuales.
La defensa institucional no apagó la sospecha
La respuesta del TSJE fue firme. Cristhian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, rechazó las denuncias y sostuvo que algunos cuestionamientos tenían más contenido político que técnico. Afirmó que hubo representantes que no aprovecharon plenamente el mes de auditoría y que aun así luego objetaron los plazos y condiciones.
También negó que se hayan restringido herramientas de verificación y sostuvo que durante el periodo de laboratorio se permitió a los técnicos utilizar dispositivos para intentar vulnerar el sistema. Sin embargo, la explicación no terminó de cerrar la polémica porque los críticos reclamaban una auditoría externa, integral y con acceso más amplio al software y al hardware.
El debate técnico fue acompañado por advertencias de especialistas. El ingeniero informático Luis Benítez cuestionó la seguridad de las máquinas y habló de vulnerabilidades estructurales, riesgo de manipulación centralizada y falta de exhibición de determinados esquemas de certificación digital durante la revisión. Sus observaciones dieron más fuerza al reclamo político de controles independientes.
La Justicia Electoral, por su parte, insistió en la seguridad del sistema. Fausto Von Streber, director informático del TSJE, explicó que el chip RFID de las boletas opera con autenticación y cifrado, y que la clave de encriptación varía según la máquina y la credencial utilizada.
Un operativo masivo bajo presión
Más allá de la controversia, el TSJE avanzó con la organización de las internas. Para el 7 de junio está previsto el despliegue de 16.582 máquinas de votación, con 2.000 equipos de contingencia y 1.548 máquinas de capacitación. También se habilitarán 1.267 locales, 13.031 mesas receptoras de votos y más de 4,3 millones de electores estarán en condiciones de sufragar.
El volumen del operativo muestra la magnitud del desafío institucional. La Justicia Electoral sostiene que cuenta con estructura técnica, logística y humana para acompañar el proceso, incluyendo soportes técnicos, operadores, acopiadores, coordinadores y delegados. Pero la discusión de fondo ya no pasa solo por la capacidad operativa, sino por la confianza política en el sistema.
En ese terreno, el TSJE parece haber agotado las instancias que estaba dispuesto o podía habilitar: auditoría de febrero, revisión de maletines, jornadas adicionales con movimientos internos, explicaciones públicas, simuladores, capacitación y despliegue de contingencia. Aun así, la sospecha sobrevivió.
Internas con máquinas revisadas, pero no plenamente legitimadas
El resultado político de todo este proceso es incómodo para la Justicia Electoral. Las máquinas llegarán auditadas y defendidas por el TSJE, pero no necesariamente legitimadas ante todos los sectores que competirán. El oficialismo colorado y autoridades partidarias dan por satisfechas las respuestas; la disidencia y parte de la oposición mantienen reservas; y el PLRA adopta una posición intermedia, sin afirmar que exista fraude, pero tampoco dispuesto a confiar sin vigilancia.
Así, las internas del 7 de junio se encaminan a realizarse con el calendario intacto, pero con un manto de dudas todavía presente. La Justicia Electoral intentó cerrar el debate por la vía técnica, pero la controversia ya se instaló en el terreno político, donde la percepción pesa tanto como la prueba.
La paradoja es evidente: el TSJE sostiene que abrió las puertas, respondió consultas y cumplió con las auditorías previstas; sin embargo, los sectores críticos siguen reclamando una transparencia más profunda. En una elección interna marcada por disputas de poder, candidaturas territoriales y pulseadas partidarias, las máquinas de votación dejaron de ser una herramienta operativa para convertirse en el centro de una batalla por la confianza.
El 7 de junio, los partidos irán a las urnas con máquinas revisadas, técnicos desplegados y un operativo electoral en marcha. Pero también con una pregunta que no logró ser completamente despejada: si las garantías ofrecidas alcanzan para convencer a los competidores y a los electores de que la voluntad popular será respetada sin sombras.