TSJE admite limitaciones para controlar la propaganda y el financiamiento político
Con el inicio oficial del periodo de propaganda electoral para las elecciones municipales del 4 de octubre, el director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, reconoció que el sistema aún enfrenta importantes limitaciones para hacer cumplir las normas sobre propaganda en la vía pública y para verificar plenamente el origen de los recursos utilizados en las campañas.
En entrevista con El Nacional, el director señaló que, aunque el Código Electoral establece que los candidatos deben retirar carteles, pasacalles, afiches y demás materiales una vez concluida la campaña, esa disposición pocas veces se cumple en la práctica.
Explicó que la responsabilidad de controlar la instalación y el retiro de la propaganda en la vía pública recae sobre las municipalidades, que también tienen la facultad de aplicar multas a quienes incumplen la normativa. Sin embargo, reconoció que esas sanciones prácticamente no se ejecutan.
"El viernes termina la propaganda electoral y el sábado a la mañana tendría que hacerse una movilización gigantesca para retirar toda la publicidad de los candidatos, y nadie hace eso", afirmó.
A criterio de Ljubetic, el propio contexto electoral hace que los candidatos prioricen otras actividades antes que desmontar su propaganda. "Los políticos en ese momento están involucrados en su campaña, buscando a la gente. No van a estar preocupados por sacar carteles. Nadie hace eso", expresó.
El director de Procesos Electorales recordó que años atrás la Justicia Electoral trabajó en un proyecto de ley para crear un mecanismo que obligara efectivamente al retiro de la propaganda.
La propuesta planteaba que cada candidato dejara un depósito de garantía al solicitar autorización para instalar carteles, pasacalles o murales. Si cumplía con retirar el material al finalizar la campaña, recuperaría ese dinero; de lo contrario, la municipalidad utilizaría esos recursos para realizar el trabajo.
"Esa fue la solución que habíamos encontrado. No sé que pasó, no corrió, no se trató, se quedó ahí", lamentó.
Consultado sobre la posibilidad de reimpulsar esa iniciativa, aclaró que la Justicia Electoral no tiene iniciativa legislativa, aunque manifestó que acompañaría técnicamente cualquier propuesta presentada por parlamentarios.
"Cualquier legislador puede plantearlo y nosotros le ayudaríamos en la redacción y en el análisis técnico, sin ningún problema", sostuvo.
Control del dinero de campaña
Otro de los desafíos reconocidos por Ljubetic es el control del financiamiento político.
Explicó a El Nacional, que la Justicia Electoral fiscaliza las rendiciones de cuentas que presentan los candidatos y organizaciones políticas, revisando la documentación que respalda los gastos realizados durante la campaña.
Cuando detecta inconsistencias o gastos efectuados fuera de las reglas, se aplican los descuentos previstos por la ley sobre los subsidios electorales. No obstante, admitió que existe un límite práctico para comprobar la veracidad de los aportes privados declarados.
"Nosotros no podemos decir que al 100% las declaraciones sean correctas. Eso es imposible de determinar", señaló.
Indicó que, si bien los candidatos identifican a quienes realizaron los aportes, la Justicia Electoral no siempre tiene herramientas para verificar si el dinero efectivamente provino de esas personas o de terceros.
"Si alguien dice que aportó de su propia plata, pero en realidad aportó Juan Pérez, ¿cómo comprobamos nosotros? Es muy difícil", explicó.
Pese a esa limitación, Ljubetic insistió en que sí existe un sistema de fiscalización sobre los gastos de campaña y que la Justicia Electoral aplica las sanciones previstas cuando detecta incumplimientos en las rendiciones de cuentas.
Las declaraciones del funcionario se dan en el inicio oficial del periodo de propaganda electoral, que se extenderá hasta las 23:59 del jueves 1 de octubre, dos días antes de las elecciones municipales, previstas para el domingo 4 de octubre.
Durante ese lapso, los candidatos podrán difundir propaganda conforme a las reglas establecidas en el Código Electoral, mientras persisten los desafíos para garantizar su cumplimiento efectivo.