El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, anunció que el tribunal arbitral falló a favor de la comuna en el caso Empo. “El tiempo nos da la razón en cuanto a los incumplimientos del contrato y además, hemos evitado un enorme perjuicio económico”, indicó.
El Tribunal Arbitral integrado por los abogados Stefan Horvath, Marcelo Daniel Centeno y Enrique Sosa Arrúa hizo lugar a la demanda de rescisión de contrato planteada por la Municipalidad de Asunción contra el Consorcio Empo Limitada y Asociados, y se declara el incumplimiento grave del contrato de la concesión del servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de servicios complementarios.
Durante una conferencia, Rodríguez; el director general de administración y finanzas, Wilfrido Cáceres y el asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres brindaron detalles sobre el fallo.
“La Municipalidad va a trabajar incansablemente por la ciudadanía. Esto lo tomamos como una victoria contundente. Vamos a seguir dando pelea en todos los casos que tiene la Municipalidad de Asunción”, expresó el jefe comunal.
En tanto que, el asesor jurídico, Benito Torres, aseguró que esta decisión no afecta el servicio de recolección de basura, el cual está garantizado con los funcionarios. También indicó que continuaran trabajando hasta que la decisión quede firme.
“Ellos deberían estar cumpliendo hasta que esto concluya definitivamente. El Municipio asumió desde siempre que el servicio de recolección lo haga de por sí, es más barato para todos ante lo que implicaría la tercerización”, explicó el profesional del derecho.
Torres resaltó que solamente se hizo lugar al punto del reajuste correspondiente al 2018/2019, lo cual es normal porque forma parte del contrato. Además destacó que lo más importante es que durante este fallo, es el empeño que se le ha puesto a este proceso, porque era una preocupación de esta administración, el rechazo de esa pretensión supermillonaria de la empresa Empo contra la municipalidad.
En otro momento, Wilfrido Cáceres, director general de Administración y Finanzas, dijo que el reajuste exigido por la firma Empo, que fue hecho lugar en el fallo del tribunal, es una obligación que no estaba presupuestada para el año 2021.
“La Municipalidad tendrá que hacer frente de acuerdo a sus posibilidades financieras y económicas, vamos a tener que hacer el cálculo, todavía esto no está firme, no es una resolución firme por la cual tengamos que pagar ese monto hoy, mañana ni pasado”, acotó. No obstante recalcó que el municipio es una institución estable que puede cumplir con todos sus compromisos.
Demanda se presentó durante administración de Ferreiro
Tras darse a conocer el fallo a favor de la comuna, Guillermo Ferrerio, abogado del exintendente Mario Ferreiro, destacó que la demanda la presentó este último durante su administración.
"En todos los hechos, Mario le jugó a matar a Empo siempre, porque hubo muchos reclamos de la municipalidad a la empresa, y viceversa", alegó para un medio local.
Reiteró que Mario Ferreiro está imputado por dos causas: una es el famoso 'asado del fin de semana', y también por esta causa de Empo, por la que nunca su cliente fue llamado a declarar
El 17 de noviembre del 2020, la jueza Hilda Benítez Vallejo rechazó el incidente de nulidad presentada por la defensa del intendente de Asunción Óscar Rodríguez, y los concejales Mariano Cáceres, Fabiana Benegas, Elena Alfonsí, Antonio Gaona, Karen Forcado, René Calonga, Augusto Wagner, Félix Ayala, Ireneo Román, Humberto Blasco y Javier Catalino Pintos Báez, en el marco de la causa abierta por la empresa EMPO, concesionaria del vertedero de Cateura.
La causa investiga supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos, estafa y apropiación, relacionados con el contrato con la empresa para la prestación de servicios de disposición final de residuos sólidos, urbanos y de servicios complementarios.
Como se recordará, el Ministerio Público imputó también al exintendente Mario Ferreiro y la exdirectora de Contrataciones de la Municipalidad de Asunción, María Laura Schiavo.
Según la imputación fiscal, Ferreiro junto a Rodríguez, que en ese entonces era presidente de la Junta Municipal, los concejales, y la directora Schiavo, permitieron el uso del certificado de cumplimiento tributario de contenido falso para que Empo pudiera cobrar Gs. 1.701.107.120.
La fiscala Stella Mary Cano imputó además a Ferreiro por coacción, coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias.
