Transferencia de fondos sociales es legítima y legal, señala exdirector de Itaipú
El exdirector de la Itaipú Binacional (2008-2010), Carlos Mateo Balmelli, calificó como legítimo y legal el direccionamiento de los fondos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la entidad binacional, al Ministerio de Salud Pública, para la lucha contra el COVID-19. Consideró que se deberán incluir en el presupuesto de la cartera sanitaria para disponer de los mismos.
El también político recordó que cuando fue director de la hidroeléctrica, transfirió los fondos sociales a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), a fin de fortalecer la distribución de energía eléctrica.
“La corrupción, el gasto excesivo de Itaipú cuando yo asumí la responsabilidad era pornográfico, obsceno, una vergüenza las cosas que se hacían. Entonces empezamos a cortar. Ahí hicimos ampliaciones presupuestarias y las transferimos a los ministerios, pero no eran de los fondos sociales, eran de la racionalización de los gastos administrativos”, recordó, en entrevista con el canal GEN.
A su criterio, los recursos de gastos socioambientales pueden ser incluidos dentro del presupuesto del Ministerio de Salud Pública, a través del mecanismo de ampliación presupuestaria. "Es decir que el ministerio pueda presentar a cada binacional su presupuesto", acotó.
Balmelli agregó que transferir los fondos sociales resulta una práctica totalmente legítima y legal, señalando que incluso para superar ese "filtro constitucional" la mejor vía es la ampliación presupuestaria.
"Cada ministerio presenta a la entidad un presupuesto, entonces la entidad le transfiere directamente. El dinero de Itaipú es la caja chica y muchos dicen es mejor tener ese dinero para gastar directamente", concluyó.
Antecedentes
Durante un caldeado debate entre diputados colorados y de la oposición, se aprobó en general y en particular el proyecto de Ley que establece que los fondos de los gastos sociales de las binacionales sean destinados a Salud.
El documento obtuvo la aprobación con 79 votos en general. Por un lado, estaba la versión Senado y por otra parte, con modificaciones introducidas por la Comisión de Asuntos Económicos. Finalmente, la propuesta sancionada fue la proveniente de la Cámara Alta, con 41 votos y 38 en contra. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.