PolíticaJusticia y dilaciones

Traban inicio de juicio oral a Dany Durand y exdirectivos de Mocipar

Una reposición presentada por uno de los acusados suspendió el juicio por estafa que involucra al exministro y siete exdirectivos, quienes están señalados de causar un perjuicio de G. 867 millones a clientes de la empresa.

6 Octubre de 2025
6 Octubre de 2025
Dany Durand y otros exdirectivos de Mocipar enfrentan juicio por supuesta estafa.
Dany Durand y otros exdirectivos de Mocipar enfrentan juicio por supuesta estafa.

El inicio del juicio oral y público contra el exministro de Urbanismo, Dany Durand, y otros siete exdirectivos de Mocipar S.A. fue suspendido debido a una reposición presentada por Fernando Román Fernández, uno de los acusados. La defensa solicitó que se estudie un pedido de incompetencia antes del juicio, aunque el Tribunal original rechazó la medida y ahora la Cámara de Apelación deberá expedirse.

El fiscal Hernán Galeano advirtió que el recurso podría ser dilatorio, dado que la Corte Suprema de Justicia ya declaró la competencia del Tribunal presidido por el juez Matías Garcete en materia de delitos económicos.

Según la acusación de la fiscal Alba Delvalle, el perjuicio patrimonial ascendería a G. 867.087.725, afectando a 31 víctimas de Mocipar. Las irregularidades habrían surgido de "estructuras contractuales ilícitas" diseñadas para obtener beneficios indebidos de los aportes de los clientes, quienes pagaron bienes como vehículos, propiedades y electrodomésticos, pero nunca recibieron contraprestación.

Además de Durand y Román Fernández, están imputados Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba, todos exdirectivos de la firma.

El Ministerio Público señala que las firmas vinculadas al Grupo Mocipar operaban como un conglomerado comercial y que los contratos engañosos se promovieron incluso mediante el programa televisivo "Domingo en Familia", dirigido por Durand. La Fiscalía sostiene que los imputados se beneficiaron de la estructura jurídica de las empresas para cometer los hechos punibles entre 2006 y 2019.

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