Titular del Congreso decide ignorar denuncias contra Zenaida Delgado
Según explicó, dichas acusaciones deben ser presentadas ante el Ministerio Público, y no recurrir a la Mesa Directiva legislativa. Bachi Núñez señaló que en ese marco no administra el tipo de sumarios que se le atribuyen: "¿Qué voy a ser, fiscal general?", ironizó.
El presidente del Senado fue consultado sobre la acusación de que Delgado exigía porcentajes de salario a empleados para evitar despidos. Él respondió que no recibió ningún pedido de investigación formal; tras ese silencio institucional, deslindó responsabilidades: "Si las colegas están al tanto, es la ley la que indica dónde tienen que denunciar", dijo. Añadió que no ha autorizado la designación de Delgado en cargos bajo su gestión.
Respecto al escándalo por el cual una funcionaria allegada a Bachi —la hija de su aliada política—cuadruplicó su salario en 15 meses, el senador reconoció que el beneficio fue aplicado a diez trabajadores, no solo a ella. Detalló que en 2021 la persona percibía un salario de G. 3.500.000; en 2024 pasó a G. 7.487.700 y en 2025 alcanzó G. 31.105.900 como directora de Bienestar Laboral. Bachi Núñez justificó la contratación aduciendo "amistades de siempre" que lo acompañaron hace 15 años en sus gestiones anteriores.
El legislador defendió además que la norma de la Carrera Civil no aplica al Congreso, por lo que los procesos de ingreso y ascenso de funcionarios no están regulados por la ley respectiva. Con ese argumento, explicó la ausencia de concursos públicos para esas designaciones.
La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y la diputada Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico) presentaron la denuncia contra Delgado, pero el presidente de la Cámara alta sostuvo que la Mesa Directiva no puede actuar como órgano de investigación penal ni laboral.
En su planteo, el senador criticó la expectativa de que el Congreso se convierta en una "parafiscalía" y defendió que las denuncias se tramiten por la vía competente. Reiteró que él no está facultado para investigar personal unilateralmente y que solo cumple funciones directivas institucionales, no de fiscalización penal.
En síntesis, Bachi Núñez reafirma que las denuncias seguirán su curso fuera del Legislativo y atribuye a las presuntas beneficiadas la decisión de acceder a dichos cargos, además de deslindar responsabilidad. El episodio pone nuevamente en la mira las prácticas de designaciones, aumentos y reglamentaciones en el interior del Legislativo, abriendo preguntas sobre mecanismos de control y transparencia en la función pública legislativa.