Servicios Ambientales: la ley que busca que el Estado también pague por conservar
La Cámara de Diputados decidió aplazar el análisis para escuchar las explicaciones del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), ante dudas sobre si realmente es necesaria una reforma de la normativa vigente.
Una herramienta para compensar el impacto ambiental
Los Certificados de Servicios Ambientales (CSA) son instrumentos creados en Paraguay mediante la Ley N° 3001/06. Se trata de un mecanismo legal que busca reconocer económicamente a quienes protegen los recursos naturales y, al mismo tiempo, exigir que quienes generan impactos negativos en el ambiente compensen esos daños.
En la práctica, el sistema funciona como un mercado: los dueños de bosques, cuencas, áreas de biodiversidad u otros ecosistemas que conservan y mantienen sus recursos pueden emitir certificados. Estos certificados luego son adquiridos por empresas o instituciones cuyas actividades generan efectos adversos sobre la naturaleza. De esa forma, se busca equilibrar la balanza ambiental, transformando la conservación en un bien que tiene valor económico y que contribuye al desarrollo sostenible.
Lo que pretende el nuevo proyecto
El proyecto debatido en la Cámara de Diputados busca introducir cambios en esta normativa, estableciendo que todas las instituciones públicas y las empresas del Estado estén obligadas a adquirir CSA cuando ejecuten obras o actividades de alto impacto ambiental.
El procedimiento para cumplir con esa obligación sería a través de procesos de licitación nacional, lo que daría un marco formal a la adquisición de los certificados. Con esta exigencia, el Estado pasaría a ser un comprador central dentro del sistema, lo que ampliaría la demanda y aumentaría los recursos destinados a financiar proyectos de conservación.
De acuerdo con sus impulsores, la medida reforzaría la política de sostenibilidad ambiental y otorgaría mayor fuerza al mecanismo de compensación previsto en la Ley 3001/06.
Las dudas planteadas en Diputados
A pesar de su objetivo, la propuesta generó incertidumbre en la Cámara de Diputados. El legislador César Cerini tomó la palabra y solicitó postergar el tratamiento. Según explicó, existen aspectos del proyecto que ya están contemplados en la legislación actual, lo que pone en cuestión la necesidad de modificar la norma.
"Prácticamente está bien la ley actual y hacer otra vez esta modificación, para mí no corresponde. Necesitamos la presencia del ministro del Mades para que nos dé una explicación y, a partir de ahí, tomar una decisión responsable", sostuvo Cerini tras la reunión de comisión en la que se discutió el tema.
El diputado también remarcó que no se trata de un simple trámite legislativo, sino de un compromiso serio que debe ser asumido con claridad. "No podemos dictaminar cualquier cosa, tenemos que ser responsables", enfatizó.
Decisión de postergar el tratamiento
Ante estas dudas, la Cámara de Diputados resolvió suspender temporalmente el tratamiento del proyecto. El pedido fue que el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) asista a la comisión para brindar explicaciones y detallar los alcances de la propuesta.
La convocatoria quedó prevista para la próxima semana, con la posibilidad de que el aplazamiento dure entre ocho y quince días, dependiendo de la disponibilidad de la autoridad y del tiempo necesario para evaluar las aclaraciones que presente.
Lo que está en juego
El corazón del debate gira en torno a dos cuestiones: si realmente la modificación mejora la actual Ley 3001/06 o si, por el contrario, solo duplica disposiciones que ya existen. Para algunos legisladores, la normativa vigente ya ofrece las herramientas necesarias y lo que se necesita es fortalecer su aplicación. Para otros, el nuevo proyecto permitirá asegurar que el propio Estado cumpla con un rol activo en la compensación ambiental, garantizando financiamiento para los proyectos de conservación.
La discusión también refleja una tensión permanente en materia ambiental: cómo compatibilizar el desarrollo de obras de infraestructura con la preservación de los ecosistemas. Los CSA aparecen como un mecanismo innovador que reconoce que la naturaleza presta servicios esenciales —como el agua, el aire limpio o la regulación del clima— y que esos servicios deben ser valorados y compensados cuando se ven afectados.
Próximos pasos en el Congreso
El proyecto volverá al debate legislativo una vez que el ministro del Mades brinde las explicaciones solicitadas. A partir de esa audiencia, la comisión deberá emitir un dictamen y luego el tema será nuevamente incluido en el orden del día de la Cámara de Diputados.
La definición será clave para el futuro de la política ambiental en Paraguay. Si se aprueba la obligatoriedad de adquirir CSA por parte de instituciones públicas y empresas estatales, el sistema podría fortalecerse y convertirse en una fuente importante de financiamiento para la conservación. Pero si se concluye que el proyecto no aporta cambios sustanciales frente a lo ya establecido en la Ley 3001/06, la propuesta podría quedar archivada o ser rediseñada.
