Senadores dilatan la reforma y blindan su jubilación VIP en plena crisis fiscal
La Cámara Alta volvió a postergar el estudio de la caja parlamentaria y mantiene vivo un régimen que permite a senadores y diputados jubilarse con menos años de aporte, a edades más bajas y con haberes muy superiores a los del resto de los aportantes, en medio de la crisis previsional, el discurso oficial de "economía de guerra" y una interna oficialista que erosiona la autoridad política para sostener más dilaciones.
Otra vez, el proyecto quedó en veremos. La iniciativa que llegó desde Diputados con media sanción el 5 de febrero debía avanzar junto con la reforma de la Caja Fiscal, pero el Senado la fue empujando una y otra vez. Primero quedó arrastrada por la presión social que desató el debate sobre la Caja Fiscal; luego fue postergada el 25 de marzo por 15 días; y el 8 de abril volvió a aplazarse por ocho días más, a pedido de Dionisio Amarilla, con respaldo del bloque oficialista. El propio orden del día deja asentado que la propuesta fue nuevamente postergada y que su sanción automática opera el 31 de mayo si la Cámara Alta sigue sin expedirse.
La discusión de fondo no cambió: la versión aprobada por Diputados no elimina la jubilación privilegiada, apenas la maquilla. El texto mantiene la posibilidad de acceder a la jubilación extraordinaria con 10 años de aporte y 55 años de edad, y a la jubilación ordinaria con 15 años de aporte y 60 años de edad. También conserva una tasa de sustitución del 80% para la ordinaria y del 60% para la extraordinaria, calculada sobre dieta y gastos de representación, con haberes mensuales que rondan G. 30,320 millones en el caso ordinario y G. 22,740 millones en el extraordinario.
Ahí está el corazón del escándalo. Mientras al trabajador común se le exigen trayectorias mucho más largas para jubilarse, los legisladores conservan un esquema que les permite retirarse antes, aportar menos tiempo y cobrar más. La propia comparación expuesta en el debate público dejó en evidencia que un aportante del IPS necesita 25 años de aporte y 60 años de edad para la jubilación ordinaria, o 30 años y 55 años para la extraordinaria, mientras diputados y senadores siguen aferrados a un régimen incomparablemente más ventajoso. Incluso el porcentaje de aporte previsto para los parlamentarios, del 24%, quedó por debajo del 24,5% establecido para docentes dentro de la reforma de la Caja Fiscal.
La indignación no nació sola ni por casualidad. En pleno conflicto por la reforma de la Caja Fiscal, los gremios docentes y otros sectores cuestionaron abiertamente que el Congreso pretendiera imponer sacrificios al resto del sector público sin tocar primero sus propios privilegios. Ese reclamo atravesó reuniones, movilizaciones y debates parlamentarios. Los docentes reclamaron que no había autoridad moral para exigirles ajustes mientras seguía intacta la jubilación VIP, y ese cuestionamiento terminó empujando la instalación de una mesa técnica y la promesa política de revisar la caja parlamentaria.
Sin embargo, el proyecto que quedó sobre la mesa no respondió a esa exigencia de equidad. Varios senadores admitieron que el texto es apenas un parche. Colym Soroka sostuvo que no se puede pedir sacrificio "desde el privilegio" y que mantener intacta esa caja deja al Congreso sin autoridad moral para opinar sobre la otra reforma previsional. Más adelante insistió en que, sin una reforma estructural de todas las cajas, el costo terminará recayendo sobre la ciudadanía con más impuestos. Eduardo Nakayama, por su parte, rechazó la idea de sostener una caja obligatoria para parlamentarios y planteó que, en todo caso, solo podría existir un esquema privado y voluntario. Esperanza Martínez también cuestionó la fragmentación del sistema y defendió un régimen previsional único y más equitativo.
El problema no es solo ético, también es financiero. Un estudio actuarial del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo reveló un déficit de G. 134.608 millones y advirtió que el patrimonio de la caja seguirá cayendo porque los egresos por beneficios continúan por encima de los ingresos por aportes y rentabilidad. La proyección indica que el patrimonio bajaría a G. 248.215 millones ya en 2026 y continuaría descendiendo si no se realizan ajustes de fondo. El informe además identifica un problema estructural: la cantidad de aportantes está limitada por el número fijo de bancas, mientras el universo de jubilados crece con los años.
Las cifras corrientes también exponen el desbalance. En 2024, los aportes de los legisladores rondaron G. 10.800 millones, mientras los pagos realizados alcanzaron G. 32.000 millones. En 2025, los aportes estuvieron en torno a G. 13.000 millones, pero los pagos treparon a G. 33.188 millones. Para 2026 se presupuestaron unos G. 12.000 millones en aportes, frente a más de G. 33.000 millones en egresos. Desde la oposición se denunció además que en la última década el Estado inyectó alrededor de G. 30.000 millones a la caja, y que solo desde 2023 se incorporaron transferencias por cerca de G. 10.000 millones para tapar la diferencia.
Ese descalce destruye el relato de que se trata de una caja "privada" sin costo para el Estado. Es cierto que la reforma impulsada por Diputados incorpora una cláusula que prohíbe subsidios, aportes o garantías estatales al patrimonio del fondo, y ese punto fue usado como uno de los principales argumentos para defender el proyecto. Pero al mismo tiempo persistieron críticas porque la norma no blinda realmente al sistema de futuras inyecciones desde el Presupuesto y porque incluso se objetó que el esquema siga siendo obligatorio y permita el retiro de aportes, algo incompatible con la lógica de una caja puramente privada.
Por eso tampoco hubo consenso dentro del propio oficialismo sobre cómo salvar políticamente el tema. Bachi Núñez llegó a plantear que lo central era convertir la caja en un fondo privado y afirmó que, con ajustes, tendría fondos hasta 2035. Beto Ovelar también defendió una reforma que evite nuevas erogaciones estatales, aunque rechazó eliminar totalmente el fondo por los llamados derechos adquiridos. Pero mientras prometían estudiar cambios, el Senado siguió postergando el expediente y manteniendo los beneficios centrales del régimen. La contradicción se volvió todavía más pesada en un escenario en que el Gobierno habla de "economía de guerra", pide ajuste de cinturones y al mismo tiempo convive con sobresueldos, bonificaciones y privilegios previsionales en la cúpula política.
En los hechos, la Cámara Alta se quedó sin margen para seguir chicaneando el debate. El expediente ya acumula cuatro dilaciones, figura nuevamente en agenda para la próxima sesión ordinaria y tiene fecha límite concreta: el 31 de mayo. Si no se trata antes, quedará sancionado automáticamente con una versión que, lejos de desmontar el privilegio, apenas lo acomoda para hacerlo políticamente más defendible. Esa es hoy la verdadera presión sobre el Senado: no solo definir si tocará o no la jubilación VIP, sino demostrar si está dispuesto a renunciar a un régimen de excepción justo cuando el país discute sacrificios, déficit, sostenibilidad y equidad.
La señal que viene dando hasta ahora es la contraria. En un Congreso atravesado por el desgaste del liderazgo cartista, por la ausencia de Horacio Cartes y por la tensión creciente de cara a las internas y a las municipales, el oficialismo amplio ha usado su mayoría para congelar una definición incómoda. Y eso agrava el costo político del aplazamiento: mientras más se demora la reforma, más se instala la percepción de que la caja parlamentaria no se protege por razones técnicas, sino por cálculo corporativo. Después de meses de promesas, postergaciones y retoques cosméticos, el Senado ya no puede seguir pateando hacia adelante un privilegio que se volvió demasiado visible, demasiado caro y demasiado injustificable.