Senador sobre invasión de tierras: “No entiendo por qué quieren relativizar un delito"
Senadores del Frente Guasu hicieron pública, mediante una conferencia de prensa días atrás, la propuesta de ley que pretende derogar la reciente legislación sancionada, que aumenta las penas a 10 años de cárcel para quienes ocupen propiedades privadas o públicas en zonas urbanas y rurales del país.
Esto no cayó bien a los proyectistas de la normativa que ya fue promulgada. Uno de ellos, Stephan Rasmussen, parlamentario de Patria Querida, dijo, en comunicación con El Nacional, que la intención del nuevo proyecto es muy clara. Aseguró que son posiciones políticas extremas y que lo único que quieren es “seguir invadiendo”.
“Yo creo (por la promulgación de la ley) que fue un mensaje muy claro de respeto a la Constitución y a la propiedad ajena. Con esta derogación, básicamente, lo que pretenden es retrotraer ese mensaje y seguramente seguir invadiendo”, sostuvo.
“Nuestra posición es muy clara. Estamos hablando de un delito. No sé por qué se quiere relativizar el delito de las invasiones. Invadir una propiedad ajena, pública o privada, es un delito. Entonces lo que pasaba anteriormente, antes de la promulgación de la nueva ley, es que las sanciones eran muy bajas y generalmente quedaba todo en medidas alternativas o en multas y demás”, continuó.
Sostuvo que se tiene que respetar la propiedad privada porque es la “base del Derecho”. El respetar las posesiones ajenas a fin de garantizar el derecho ajeno. “No tiene ninguna lógica (el proyecto). De hecho, ellos habían presentado un proyecto de ley para que se suspendieran los desalojos, por ejemplo. Y el desalojo es, nada más y nada menos, que el cumplimiento de una disposición de ley que dice que una persona está en una propiedad ajena y tiene que salir de esa propiedad ajena. Es lo mismo que ir a robar leche del supermercado”, enfatizó.
Finalmente, reconoció que ni elevar la pena, ni derogar la elevación de la misma, dan una solución de fondo. Sostuvo que la solución real está en manos de instituciones como el Indert, el INDI y el Ministerio de Agricultura. “Lastimosamente, por un lado, el Ejecutivo no da una respuesta de fondo. Y, por otro lado, hay muchos avivados que realmente usan las invasiones y se aprovechan de mucha gente de buena fe para hacer negocios. La mayoría de estas invasiones terminan con gente que entra generalmente a una zona boscosa, tala todos los árboles, vende toda la madera y busca otro terreno para invadir”, sentenció.
“El Ejecutivo es un instrumento de grupos económicos”
Por otro lado, El Nacional conversó con el senador Sixto Pereira del Frente Guasu, uno de los proyectistas de la ley que busca derogar la elevación de la pena a invasiones de tierra. En la oportunidad, disparó con toda su artillería contra los parlamentarios que acompañaron la mencionada ley y contra el Ejecutivo.
“El Estado, o el Ejecutivo, es un instrumento de pequeños grupos económicos. Eso se ve a leguas cuando se trata de políticas tributarias, ley de criminalización, etc. Se encuentran arrinconados estos grupos económicos, con algunos sectores mediáticos que tienen intereses económicos e ideológicos, y el propio Ejecutivo versus la mayoría de los compatriotas. Esto debe reverse y plantearse una mesa de negociación”, expresó.
“Nosotros, hace rato, habíamos hablado del abordaje de la problemática de tierra en Paraguay. No hay que olvidar que acá hay estudios hechos por la Comisión de Verdad y Justicia. Varios entes privados, organismos internacionales, en donde se demuestra con datos, cifras, nombres de entrega de tierras públicas a sujetos que no son de la reforma agraria, sean individuales o empresas y totalizan ser más de 8 millones hectáreas”, sostuvo.
“Acá la tierra fue utilizada en época de Stroessner como sostén de la dictadura. Fue entregada a militares y a personales del partido colorado y del gobierno. Fueron entregadas las mejores tierras, violentando la Constitución Nacional y la soberanía, tierras de fronteras a empresas y/o individualidades”, continuó.
Pereira sostuvo que, según los datos, Paraguay tiene más de 406.000 kilómetros cuadrados y, con los documentos que uno suma, son más de 500.000. “O sea, son 100.000 hectáreas de tierra. Hay superposición de títulos, etc. Entonces ¿en manos de quién están esas tierras? No están en manos de indígenas ni de campesinos. Están en manos de ganaderos, de sojeros y de especuladores, sean nacionales o extranjeros”, agregó.
Recordó que, en su momento, han planteado que se necesita hacer un catastro nacional. “Si se quiere solucionar de fondo, acá tiene que haber un consenso político, y no va a haber consenso político si no hay gesto de parte de estos empresarios. En manos de los empresarios están estas tierras malhabidas, y son estos los que avasallan, violentan las tierras de la comunidad indígena y de los campesinos. Entonces hemos planteado eso, pero nunca fuimos escuchados”, expresó.
“Entonces ¿qué hacen estos empresarios con visibilidad en el Congreso? Ahí no hay partido político, hay intereses. ¿Quiénes son sus voceros? Los más caraduras son Zavala, Riera y compañía. Creemos que, con garrote, con represión, con el Estado de terror, fue estudiado rápido en el Senado y tuvo un tratamiento exprés en Diputados y la promulgación por el Ejecutivo. El Estado, o el Ejecutivo, es un instrumento de los grupos económicos”, lamentó.
Finalmente, sostuvo que se ha registrado un aumento todos los días, en forma simultánea, de desalojos muy violentos. “Ni en la propia dictadura se dio algo así: desalojos, apresamientos, destrucción de la casa, enseres. Es una cuestión bastante delicada”, precisó.