Luego de haberse aprobado la semana pasada el proyecto de ley que previene el conflicto de intereses, conocida como “puertas giratorias”, el Senado tratará hoy los artículos en particular. Existen dos versiones del proyecto en la Cámara Alta, además de un proyecto similar en Diputados que aún no fue tratado.
En la ocasión serán analizados los proyectos legislativos “Que previene el conflicto de interés en la Función Pública”, presentado por el senador Derlis Osorio, y el “Que establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos cargos de la República”, presentado por los senadores Fidel Zavala, Georgia Arrúa y Stephan Rasmussen. En términos generales, la propuesta legislativa plantea que los funcionarios que ocupen altos cargos públicos no podrán ejercer cargos de la misma área en el sector privado por un periodo de dos años.
El proyecto de ley tiene por objetivo establecer un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos cargos de la Administración Central, de los entes descentralizados en el Banco Central del Paraguay, la banca pública, las empresas públicas y demás organismos y entidades del Estado.
El diputado Osorio había señalado que en los últimos años se han dado situaciones de conflicto de intereses, particularmente durante el anterior periodo presidencial, dado que varios altos exfuncionarios de la administración de Horacio Cartes pasaron después a sus empresas privadas con supuesta información privilegiada del Estado.
La comisión de Legislación propone que sea por un año y plantea además multas de entre G. 4.900.000 y G. 19.600.000 como sanción a quienes incumplan la ley. La aplicación de la ley estará a cargo, según el proyecto, de la Secretaría de la Función Pública. El Senado aprobó en general el proyecto la semana pasada por 27 votos a favor, 7 por el rechazo y 4 abstenciones.
Aplicación
En el ámbito de aplicación, serán objeto los ministros y viceministros del Poder Ejecutivo y sus equivalentes en las secretarías ejecutivas, dependientes de la Presidencia de la República.El proyecto alcanza también al presidente y al resto de los miembros titulares del Banco Central del Paraguay, del Banco Nacional de Fomento, del Fondo Ganadero, del Crédito Agrícola de Habilitación y de la Agencia Financiera de Desarrollo.
También incluye al presidente de cualquier empresa pública, del Instituto de Previsión Social, el superintendente de bancos, el superintendente de seguros e interventores del Poder Ejecutivo. Se establece que los altos cargos no podrán prestar servicios a personas jurídicas privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que el mismo funcionario haya participado, por el plazo de dos años desde su cese.
La prohibición se extiende tanto a la persona jurídica privada afectada, como a sus vinculadas y las sanciones son la prohibición de ocupar un alto cargo durante un periodo de entre tres y seis años.
