PolíticaRuíz Díaz
El caso ya generó un fuerte impacto político y reavivó las denuncias sobre el uso discrecional del patrimonio del Estado.
El impulso a la interpelación surge desde sectores de la oposición, que cuestionan adjudicaciones realizadas en zonas clave del Chaco, especialmente en el área de influencia del futuro puente del Corredor Bioceánico, en la ciudad de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay. Según los denunciantes, los terrenos habrían sido entregados a precios irrisorios, muy por debajo de su valor real de mercado.
Entre los casos señalados figura la adjudicación de un inmueble de 29 hectáreas a un empresario por apenas 18 millones de guaraníes, una suma que, de acuerdo a los cálculos legislativos, apenas representaría una fracción mínima de su cotización real. A esto se suman otras operaciones igualmente cuestionadas, como la cesión de 60 hectáreas a una joven de 24 años, otro lote a su madre y un extenso predio de 2.000 hectáreas en Mariscal Estigarribia a la hija de un empresario ligado a obras del corredor vial.
Los senadores críticos sostienen que estas operaciones podrían constituir violaciones al Estatuto Agrario, además de configurar eventuales conflictos de intereses y un daño patrimonial al Estado que superaría los 28.000 millones de guaraníes. También advierten que parte de las tierras ya había sido reservada previamente para instituciones públicas como Aduanas, la DNIT y autoridades municipales, lo que agrava aún más las sospechas de irregularidades.
Si bien Ruiz Díaz ya compareció ante la Cámara Alta para brindar explicaciones, su exposición no logró disipar las dudas ni conformar a los legisladores que promueven su interpelación. Para muchos, las respuestas fueron insuficientes y dejaron más interrogantes que certezas sobre el destino real de las tierras fiscales.
El tema figura como uno de los puntos centrales del orden del día y su tratamiento será clave para definir el futuro político del titular del INDERT. En caso de que el Senado apruebe el pedido de interpelación, no se descarta que desde el Ejecutivo se evalúe su permanencia en el cargo, en un contexto donde las denuncias ya adquirieron una fuerte dimensión institucional.
