Senado eleva penas para adolescentes de 8 a 15 años de cárcel
La decisión se tomó a pesar de las advertencias de inconstitucionalidad y los cuestionamientos desde diversos sectores judiciales y organismos especializados en derechos de la infancia. El documento será remitido ahora a la Cámara de Diputados para su análisis.
La propuesta modifica el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia y fue impulsada por el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), quien también preside la Comisión de Asuntos Constitucionales. Aunque las comisiones de Legislación y de Familia recomendaron un aumento menos severo —hasta diez años de pena máxima— el pleno del Senado optó por ratificar la versión más dura.
Durante el tratamiento del proyecto, se reiteraron las objeciones planteadas por las Oficinas Técnicas de Apoyo de la Corte Suprema de Justicia y por la Defensa Pública. La jueza Pili Rodríguez, en representación de dichas oficinas, había señalado que endurecer las penas sin considerar criterios de proporcionalidad, madurez psicosocial y reinserción efectiva contraviene tanto la Constitución Nacional como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Paraguay.
Las críticas apuntan a que el castigo debe ser la última opción en el abordaje de la delincuencia juvenil, y que este tipo de reformas desatienden las recomendaciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Reglas de Beijing y las Reglas de Tokio, que priorizan medidas alternativas a la prisión para adolescentes.
Desde la Oficina Técnica Penal también se recordó que el interés superior del niño debe prevalecer en cualquier política pública que lo afecte, y que toda privación de libertad debe ser usada solo en casos excepcionales y durante el tiempo más breve posible.
No obstante, con una mayoría favorable, la Cámara Alta optó por avanzar con el proyecto, en medio de un ambiente marcado por la presión política, la demanda social de respuestas a hechos delictivos cometidos por menores y la tensión entre el punitivismo y los derechos humanos. Ahora será la Cámara de Diputados la que deberá decidir si acompaña o rechaza el endurecimiento de las penas juveniles.