PolíticaLey "Anti-Rivas"
El Congreso Nacional dio un paso clave en la reforma del sistema judicial al sancionar un proyecto que introduce cambios significativos a la Ley N.º 296/1994, la cual regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (CM). Esta modificación, ya remitida al Poder Ejecutivo, plantea nuevas exigencias para los representantes del Congreso en dicho órgano, entre ellas, una trayectoria mínima de una década en el ámbito jurídico.
La Cámara de Senadores decidió ratificarse en su versión original del proyecto, que había sido impulsado por el diputado colorado disidente Roberto González. La propuesta había sido aprobada inicialmente por la Cámara de Diputados el 26 de marzo, pero posteriormente el Senado introdujo cambios el 17 de julio. Los diputados insistieron en su redacción el 22 de octubre; sin embargo, finalmente fue el texto del Senado el que prevaleció en la sesión más reciente.
El proyecto en cuestión modifica los artículos 2 y 7 de la normativa que estructura al Consejo de la Magistratura, órgano responsable de conformar las ternas para la designación de jueces, fiscales y defensores públicos. Uno de los aspectos más destacados de la nueva legislación es el requisito de acreditar al menos diez años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, en la función judicial o en la docencia universitaria en derecho, ya sea de manera conjunta, alternada o separada, para ser designado como representante legislativo ante el Consejo.
La propuesta cobró mayor relevancia tras las polémicas en torno al senador Hernán Rivas y el exdiputado Orlando Arévalo, ambos vinculados al movimiento Honor Colorado, cuya idoneidad para integrar el órgano fue ampliamente cuestionada. La reforma busca así elevar el perfil profesional de los miembros que integran este estratégico espacio de evaluación dentro del sistema de justicia.
El proyectista Roberto González, quien también preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la iniciativa afirmando que se trata de un paso fundamental para asegurar que los integrantes del Consejo cuenten con la formación, la experiencia y la solvencia ética necesarias para tomar decisiones que impactan directamente en la calidad del servicio de justicia en el país. Según González, la intención es reforzar la constitucionalidad del proceso y blindar la administración de justicia ante influencias políticas o designaciones sin sustento profesional.
Ahora será el presidente Santiago Peña quien deberá decidir si promulga esta modificación legal o si opta por vetarla total o parcialmente. Su decisión marcará el rumbo inmediato de esta reforma que, según sus impulsores, representa un intento de depuración institucional tras los escándalos recientes y busca sentar las bases para una justicia más técnica, imparcial y confiable.
