El senado aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley “Que autoriza al Estado Paraguayo a cuantificar la inversión necesaria para reactivar la planta siderúrgica de Aceros del Paraguay Sociedad Anónima (ACEPAR S.A.) y tomar además medidas relacionadas para reactivación de la industria y salvaguarda de los trabajadores”.
Los parlamentarios coincidieron en que la Justicia debe identificar los responsables del saqueo que sufrió Acepar durante varios años. Dejaron en manos de la Justicia identificar a los ex directivos que llevaron a la quiebra y la cuantificación de los daños.
Existió un largo debate sobre la posición del rechazo o aprobación con modificaciones ante la posibilidad de que Diputados se ratifique en su decisión de aprobar la ley de estatización, lo que obligaría al Senado, en un segundo estadio de análisis, a contar con 23 votos para archivar la propuesta.
Sobre el punto, el senador cartista Sergio Godoy, argumentó el rechazo de la ley en que debe proseguir por el camino judicial para definir la potestad del Estado sobre la industria ubicada en Villa Hayes.
“Se busca una inversión directa para reactivar esta planta siderúrgica. Sesión alquileres, sesión, usufructo, también pago fraccionado de los pasivos. 500 familias. Existe un proceso judicial en curso básicamente pretende lo mismo que este proyecto de ley. Se busca establecer el dominio del poder del estado sobre esta industria. Existe un perjuicio de 6 millones de dólares y la titularidad ante incumplimiento de empresas privadas”, apuntó.
La senadora del Frente Guasu, Esperanza Martínez,presidenta de la Comisión de Hacienda, dictaminó por el rechazo del proyecto a fin de que, por medio de otro proyecto, se busque la recuperación de las informaciones para medir los daños para restablecer el negocio. Así también, propuso la aprobación con modificaciones que destacan medidas como restablece el dominio de la industria al Estado y autoriza al Consejo de Empresas públicas para cuantificar la inversión. Y autorizar la inversión por medio del alquiler o concesión vía licitación hasta 20 años.
“Este proyecto pretende modificar la denominación a Acero Occidental. Es importante recuperar como una estrategia una inversión pública como la industria del acero en Paraguay. Otros planteamos hacer modificaciones por el senado Amado Florentín lo que plantea no permitir una reestatitización sino el proceso de clarificación de cuantificación de los daños y poder tener una propuesta en otra etapa para el salvataje o reinversión. Rechazo del proyecto”, expresó.
El senador colorado Rodolfo Friedman, calificó el proyecto de un blanqueo a los responsables que llevaron a la quiebra que hoy siguen impunes. En un primer momento pidió la postergación pero ante la falta de plazos retiró la moción.
“Si rechazamos volverá a diputados y posteriormente vamos a necesitar 30 votos para ratificar este rechazo. Es una brillante oportunidad para dar una salida a un tema importante como Acepar. ¿Quiénes son los responsables?. Hagamos un seguimiento real del proyecto. No quebró de un día para otro, hubo directivos y varios periodos, que son responsables que hoy Acepar”, detalló.
Estado no puede hacerse cargo
El ex miembro del directorio de Acepar, ahora senador colorado, Enrique Riera, dijo que la empresa no es pública y que desde 1995 es privada. Y que el pasivo pertenece a la empresa Vetorial. Explicó que el Estado no puede hacerse cargo de la tragada de miembros del directorio de una empresa privada. Desafió además a los sectores sobre las denuncias sobre su responsabilidad del vaciamiento en años anteriores.
“Cambiaron de dueños muchas veces. La única relación con el estado era el pago de la cuota por el precio. Como cualquier empresa el 51% podía tomar las decisiones que corresponde. Acepar dejo el pago de su pasivo laboral en cero, todo cobraron lo que tenían que cobrar. Se hizo una intervención a través de una medida judicial sus últimos propietarios se allanaron. Consume dos millones de dólares al mes. Me pusieron ahí por cuestiones circunstanciales. Tiene una convocatoria a acreedores. Un arbitraje no resuelto, pasivo laboral pagado es de Vetorial. No corresponde que el Estado pague este pasivo. A las empresas privadas no se debe subsidiarlas. Todas las decisiones y despojos fue dentro del entorno de los socios del sector privado”, apuntó.
