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El vehículo, que había sido asignado a la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) cuando Cabrera presidía dicho organismo, fue utilizado en diversas actividades institucionales.
El asesor jurídico de Senabico, Gonzalo García, explicó que tras realizar las consultas internas correspondientes se resolvió mantener la asignación de la camioneta a la Conaderna, actualmente bajo la administración del Senado. Señaló que, pese a las denuncias sobre un presunto uso indebido del rodado, no se hallaron elementos que justifiquen su retiro.
El caso había cobrado relevancia pública luego de que se divulgara que el vehículo, incautado anteriormente al presunto traficante de armas Diego Dirisio, fue empleado en un viaje oficial a Capitán Bado. Durante esa actividad, Cabrera participó en tareas vinculadas con la comisión legislativa, aunque también se mencionó la presencia de formularios del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), lo que alimentó sospechas de un uso político del bien.
De acuerdo con la versión oficial, el rodado continúa afectado al servicio de la Conaderna y se encuentra en funciones para tareas institucionales. La Senabico aclaró que el uso de los vehículos incautados se realiza bajo convenios de cooperación con diferentes organismos públicos, y que las condiciones de esos acuerdos se revisan de manera periódica para asegurar que los bienes se empleen exclusivamente con fines oficiales.
El caso reavivó el debate sobre el manejo y destino de los bienes confiscados por el Estado, especialmente aquellos cedidos temporalmente a entidades públicas. Aunque Senabico afirmó que no se cometieron irregularidades, el episodio vuelve a poner bajo la lupa la necesidad de mayor control sobre los activos provenientes de causas judiciales, cuya utilización debe regirse estrictamente por criterios de transparencia y rendición de cuentas.
