Segundo año con promesas rotas, débil institucionalidad y más sombras que luces
A tres semanas de presentar su segundo informe ante el Congreso, Santiago Peña revivió la controversia sobre su lealtad al Partido Colorado: aunque aún no rindió cuentas ante la ANR este año, la posibilidad de hacerlo antes que al Legislativo genera desconfianza. Sus seguidores ven en ello la necesaria cohesión partidaria; sus críticos denuncian el riesgo de subordinar el Estado al partido de Cartes.
El dilema es claro: ¿a quién responde verdaderamente el presidente?
Falencias estructurales en lo esencial
1. Salud pública: infraestructura sin equidad
El Gobierno definió y financió proyectos estructurales:
Saldó la millonaria deuda de USD 320 millones en insumos, implementó las "maratones quirúrgicas" y habilitó 35 consultorios nocturnos con más de 270.000 atenciones.
Avanzó con la construcción de hospitales de alta complejidad: el Hospital del Sur (Asunción) y el Hospital de Coronel Oviedo, inaugurado en febrero de 2025, con 160 camas y 6 quirófanos inteligentes.
Sin embargo, el sistema sigue sin responder: hay falta de insumos, desabastecimiento de medicamentos y personal sobrecargado, especialmente en zonas rurales como San Pedro, Caazapá y Presidente Hayes. La inauguración del HGCO no resuelve las deficiencias cotidianas en centros de salud comunitarios.
2. Seguridad: recursos sin mejoras notorias
Se anunció una inversión récord de USD 500 millones para fortalecer la seguridad, incluyendo 5.000 nuevos agentes (Grupo Lince triplicado) y tecnología avanzada (patrulleras, motos, radares, tobilleras). Las fuerzas actuaron en operativos como Veneratio, Dakovo e Ignis, contra narcotráfico y tráfico de armas.
Pese a ello, los delitos no frenan:
Paraguay ocupa el 4.º lugar mundial en criminalidad organizada, y es líder en tráfico de armas cortas en la región.
La Fiscalía reportó 257 robos diarios al primer semestre de 2025.
Además, egresaron 5.000 policías en menos de un año de formación, lo que genera dudas acerca de su preparación.
Educación y seguridad alimentaria: cobertura sí, calidad no
Peña impulsó programas con impacto cuantitativo:
Hambre Cero y ampliación de Tekoporã para 444.000 niños; licitaciones por USD 528 millones y pagos más frecuentes.
Capacitación de 15.000 docentes, entrega de 430.000 mobiliarios escolares, apertura de 17 escuelas modelo.
No obstante, las críticas se acumulan:
El Fonacide y el almuerzo escolar fueron cuestionados por Contraloría y activistas, con denuncias de recursos desviados, higiene deficiente y exclusión de escuelas inclusivas.
El acceso y asistencia no fue uniforme: escuelas rurales siguen desatendidas, con infraestructura defectuosa y alta deserción.
Economía brillante en cifras, menos en hogares
Las cifras macroeconómicas son alentadoras:
Crecimiento del PIB cercano al 5% y recaudación récord (+USD 648 millones).
Paraguay alcanzó grado de inversión y emitió USD 500 millones en bonos locales.
El acuerdo de Itaipú con Brasil aporta USD 1.250 millones anuales por royalties.
Los desafíos:
Parece haber un escaso derrame social: se prometieron 500.000 nuevos empleos, pero se registraron solo 78.000; el empleo formal aumenta, pero el crédito a pymes y productores sigue limitado.
La reducción de precios de combustibles compensa parcialmente la inflación, especialmente en alimentos.
Transparencia e institucionalidad: luces opacas
Se promulgaron leyes importantes: la Ley de Integridad y Anticorrupción (7389) y la digitalización de informes. Aun así:
Peña vetó parte de la Ley de Acceso a la Información, excluyendo datos sensibles y limitando la transparencia.
Binacionales como Itaipú y Yacyretá quedaron fuera del alcance del nuevo control público.
La libertad de prensa perdió posiciones: la SIP bajó la calificación de Paraguay, situándolo en "restricción moderada".
Persisten casos de nepotismo, incluso respaldados por Peña como "moralmente aceptables".
Cartes, ANR y el peso del poder político
Aunque Peña no rindió cuentas ante Cartes este año, la sola posibilidad lo enfrenta a decisiones sobre la prioridad institucional. La dependencia del aparato partidario sigue siendo un riesgo para su autonomía. Sus críticos advierten que se puede trazar una línea entre lo que gobierna para el país y lo que maneja para conservar su base política. Las señales importan, y este año más que nunca, dicha tensión es palpable.
Balance y recomendaciones para el 1 de julio
Para que el informe no suene a humo, Peña debería:
1. Presentar datos concretos y regionales, no solo macroeconomía, explicando cómo esos ingresos benefician a las zonas deprimidas.
2. Enfrentar con transparencia las falencias del sistema de salud, detallando plazos reales de solución en infraestructura rural y personal.
3. Reconocer que la seguridad no mejoró, mostrar una estrategia integral que incluya prevención, reforma policial y acción comunitaria.
4. Garantizar que las licitaciones (Fonacide, Hambre Cero) cuenten con mecanismos anticorrupción, y no solo relatados administrativos.
5. Defender su lugar ante el partido, pero priorizar al Congreso y a la ciudadanía, rindiendo cuentas públicas y sin priorizar el relato partidario.
Una oportunidad para cerrar las grietas
El segundo informe de Peña puede ser más que un acto formal: debe marcar un cambio genuino en el enfoque del Gobierno. Para lograrlo, tiene que traducir la solidez macroeconómica y los proyectos estructurales en mejorías reales y observables en salud, seguridad y educación. Y demostrar que gobierna para el país, no solo para su partido.