La Contraloría General de la República (CGR) remitió al Ministerio Público las conclusiones del examen de correspondencia patrimonial realizado al presidente de la República, Santiago Peña, sin encontrar indicios de enriquecimiento ilícito.
El análisis fue elaborado a partir de las declaraciones juradas presentadas por el mandatario y del estudio de la evolución de su patrimonio, en medio de cuestionamientos públicos surgidos en torno a sus cuentas bancarias y a la construcción de su residencia en la ciudad de San Bernardino.
Según la Contraloría, los datos examinados no revelan inconsistencias que permitan presumir un crecimiento patrimonial injustificado por parte del jefe de Estado. No obstante, el informe fue remitido igualmente a la Fiscalía para su conocimiento y eventual análisis dentro del ámbito penal.
El examen de correspondencia patrimonial es un mecanismo mediante el cual la Contraloría verifica si existe relación entre los ingresos declarados por un funcionario público y los bienes que integran su patrimonio.
La remisión del documento se da luego de varias semanas de debate público y político en torno a la situación patrimonial del mandatario, especialmente tras publicaciones y cuestionamientos relacionados con movimientos financieros y propiedades vinculadas a Peña.