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La investigación por el presunto secuestro de Almir De Brum sumó un componente financiero. El Ministerio Público dispuso el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de su familia, en el marco del protocolo que se activa ante hechos de esta naturaleza.
De Brum, productor agrícola de 32 años, fue reportado como desaparecido tras hallarse su maquinaria en una zona rural del departamento de Caaguazú, en circunstancias que apuntan a un secuestro. Junto al equipo de trabajo se encontró un panfleto atribuido al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), aunque hasta el momento no trascendió comunicación directa de los presuntos captores con la familia.
La inmovilización de fondos forma parte de las medidas previstas por el Estado para evitar transferencias que puedan financiar actividades criminales. En este tipo de casos, la legislación paraguaya restringe movimientos financieros que pudieran vincularse al pago de rescates, mientras se desarrollan tareas investigativas y operativas. La familia puede acceder únicamente a recursos básicos para gastos esenciales, bajo supervisión.
En paralelo, equipos especializados de la Policía Nacional y de las Fuerzas de Tarea Conjunta mantienen operativos en la zona. Las búsquedas se concentran en áreas rurales de difícil acceso, donde históricamente operaron grupos armados.
El caso reaviva la preocupación por la seguridad en regiones productivas del país, donde la actividad agrícola convive con antecedentes de violencia vinculada a organizaciones criminales. Productores y gremios del sector siguen de cerca la evolución de los hechos, atentos a cualquier señal que confirme el estado del joven agricultor.
Mientras se aguardan novedades oficiales, el expediente avanza en dos frentes: el operativo en terreno y el control de eventuales circuitos financieros que pudieran ser utilizados para exigir o canalizar dinero. El desenlace aún es incierto, pero la presión institucional se mantiene sobre todos los flancos abiertos de la investigación.
