Se ratifican en endurecer penas a funcionarios que faciliten fuga de presos
La Cámara de Diputados, en sesión ordinaria de la fecha, se ratificó en su aprobación inicial con respecto al proyecto de ley "Que modifica y amplia el artículo 294 de la Ley 1160/97, Código Penal Paraguayo", referente a la liberación de presos, presentado por el diputado Yamil Esgaib (ANR-Capital).
Cabe recordar que esta iniciativa, tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados, fue rechazada por la Cámara de Senadores. Sin embargo, el autor del proyecto, con el respaldo del diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), solicitó la ratificación del texto original.
La normativa propone un endurecimiento significativo de las penas para quienes faciliten o colaboren en la fuga de internos penitenciarios, especialmente, cuando se trate de funcionarios públicos o personal penitenciario, según la propuesta.
"Se establecen dos modificaciones principales: por un lado, eleva de tres a cinco años la pena base para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno; mientras que, por otro lado, aumenta la pena para funcionarios públicos o personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándola de "hasta siete años" (como contempla la ley actual) a un rango de "cinco a quince años" de privación de libertad", según el documento.
El referido Art. 294, referente a la "Liberación de Presos", quedó redactado de la siguiente manera: "El que liberara a un interno, le indujera a la fuga o le apoyara en ella será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años".
También establece que será castigada también la tentativa cuando el autor:
1) Fuera funcionario público o prestare servicio en la institución penitenciaria; y
2) Estuviera especialmente obligado a evitar la evasión, se aplicará una pena privativa de libertad de cinco a quince años".
"La información de inteligencia penitenciaria es constante y coincidente en que las fugas de internos pertenecientes a grupos o bandas de organizaciones criminales violentos es propiciada desde el exterior, buscando la complicidad de los agentes penitenciarios", señala la exposición de motivos.
El proyectista señala al respecto, que estas operaciones suelen contar con "evidente y sustancioso apoyo logístico" y grandes sumas de dinero invertidas en la planificación y ejecución, beneficiando, principalmente, a reclusos considerados de "alta peligrosidad".
El documento se remite, nuevamente, a la Cámara revisora para su cuarto y último trámite constitucional.