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La legisladora acudió ayer sábado a la Fiscalía para poner en conocimiento una serie de hechos que, según sostiene, podrían constituir una vulneración a la libertad del sufragio y a las normas que regulan la participación política de miembros de las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con la denuncia, existirían informaciones sobre convocatorias realizadas a agentes policiales por parte de superiores jerárquicos, durante las cuales se les habría indicado la conveniencia de respaldar a una determinada candidatura en las internas de este domingo.
Samaniego argumenta que los policías en servicio activo cuentan con restricciones legales en materia de participación político-partidaria y advirtió sobre la posibilidad de que estén siendo incluidos en padrones partidarios y sometidos a presiones para respaldar a sectores específicos.
La presentación señala además que los hechos tendrían inicialmente alcance en Asunción, aunque la legisladora manifestó sospechas de que situaciones similares podrían estar registrándose en otros puntos del país.
La denuncia fue formulada bajo la figura de una supuesta coacción y solicita la intervención del Ministerio Público para verificar la veracidad de los hechos y determinar si existieron conductas que pudieran afectar la libertad de decisión de los uniformados.
Como respaldo, la senadora adjuntó documentación relacionada con la normativa que regula los deberes, obligaciones y limitaciones de militares y policías en actividad respecto a su afiliación o participación en partidos y movimientos políticos.
El caso surge en medio de un clima de alta tensión política previo a las internas simultáneas, especialmente dentro de la ANR, donde el oficialismo y la disidencia se disputan espacios de poder considerados estratégicos para las elecciones municipales de octubre.
Hasta el momento no hubo pronunciamiento oficial de las autoridades policiales ni de representantes del sector señalado en la denuncia. Entretanto, la Fiscalía deberá analizar los antecedentes presentados y determinar si corresponde abrir una investigación sobre los hechos denunciados.
La acusación agrega un nuevo elemento de controversia a una campaña interna marcada por cuestionamientos cruzados, denuncias de presiones y una intensa disputa entre los distintos sectores colorados por el control político de la capital y otros municipios clave del país.
