Rubín plantea cerrar ministerios y vender empresas públicas en medio de debate por recortes
Durante su intervención en la Cámara Baja, el legislador cuestionó que las medidas en análisis sean insuficientes frente al nivel de gasto existente y sostuvo que el Estado dispone de amplios márgenes para reducir erogaciones sin necesidad de afectar servicios esenciales. En ese contexto, mencionó directamente a empresas públicas como Copaco y Vox, a las que calificó como ineficientes y prescindibles dentro de la estructura estatal.
Rubín también respondió a críticas del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien había calificado su planteamiento como populista e irresponsable. El diputado retrucó señalando el nivel de déficit fiscal y cuestionó la legitimidad de ese tipo de cuestionamientos, insistiendo en que la situación actual exige decisiones más profundas.
El legislador puso sobre la mesa cifras del presupuesto que, a su criterio, evidencian un gasto excesivo en distintos rubros. Señaló que solo en seguro médico privado se destinan más de 100 millones de dólares, mientras que en bonificaciones se superan los 470 millones. A esto sumó cerca de 20 millones en servicios de catering y más de 60 millones en viáticos y pasajes, lo que, según afirmó, totaliza alrededor de 650 millones de dólares en conceptos que podrían ser objeto de recorte.
En esa línea, cuestionó que las propuestas actuales apunten a ajustes mucho menores y advirtió que eso no responde a la magnitud del problema. Sostuvo que presentar reducciones acotadas frente a ese volumen de gasto resulta insuficiente y desconectado de la realidad que enfrenta la ciudadanía.
El diputado insistió en que los recortes deben ser transversales y alcanzar a todos los poderes del Estado, evitando excepciones. Afirmó que existen múltiples áreas donde se puede reducir el gasto sin generar consecuencias graves, mencionando incluso la eliminación de ciertos viajes oficiales como parte de las medidas posibles.
Para Rubín, el debate actual avanza en una dirección correcta, pero se queda corto frente a la necesidad de un ajuste más amplio. Su postura introduce así un enfoque más radical dentro de la discusión, en un escenario donde crece la presión política y social para revisar el uso de los recursos públicos.