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Riera insiste en un abordaje familiar ante la ola de feminicidios

La escalada de feminicidios registrada en los primeros días del año volvió a sacudir la agenda pública y llevó al ministro del Interior, Enrique Riera, a anunciar una cumbre de alto nivel con el presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga, con el objetivo de analizar "a fondo" las causas y las respuestas del Estado frente a la violencia contra las mujeres.

El anuncio se dio en Asunción, en el contexto de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, pero rápidamente desplazó la atención hacia un tema interno que combina urgencia social y controversia política.

Con apenas dos semanas transcurridas del 2026, ya se contabilizaron seis mujeres asesinadas, una cifra que expone un aumento alarmante y que volvió a poner bajo la lupa las políticas de prevención. Frente a este escenario, Riera ratificó una postura que sostiene desde hace tiempo: los feminicidios deben ser abordados desde una perspectiva centrada en la familia y no exclusivamente desde el enfoque de género, al que considera insuficiente y divisivo.

Según el ministro, la violencia no solo destruye a la víctima directa, sino que arrastra a todo el entorno familiar a una tragedia irreversible. En sus palabras, cada feminicidio implica "una familia que se hunde" y deja secuelas profundas en hijos, padres y allegados. Desde esa lógica, afirmó que concentrar la prevención únicamente en la víctima es un abordaje parcial, porque invisibiliza el impacto integral del crimen y no logra anticiparse a los episodios de violencia que se incuban puertas adentro.

Riera defendió la idea de que la familia debe convertirse en el primer anillo de contención y alerta. Sostuvo que, en muchos casos, parientes, vecinos o amigos conocen situaciones de maltrato, pero optan por no intervenir por tratarse de un "asunto privado". Para el ministro, ese silencio social es uno de los factores que permite que la violencia escale hasta el desenlace fatal. En ese marco, planteó que empoderar a la familia para denunciar y romper con la naturalización del maltrato es clave para cualquier estrategia preventiva.

Su postura, sin embargo, contrasta con la línea impulsada desde el Ministerio de la Mujer. La titular de esa cartera, Alicia Pomata, viene insistiendo en la necesidad de combatir la cultura del machismo y promover nuevas masculinidades como eje central de la prevención. Ese contrapunto reavivó una pregunta incómoda: si el énfasis en la "familia" podría abrir la puerta a viejas iniciativas que buscaron diluir o suprimir las políticas específicas de género.

El antecedente es reciente. En 2025, un grupo de senadores del cartismo impulsó un proyecto para crear un Ministerio de la Familia, fusionando el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Secretaría de la Juventud. Aquella propuesta fue frenada por el propio presidente Peña, quien pidió al Congreso no avanzar con la iniciativa. Las declaraciones de Riera, aunque no plantean explícitamente ese escenario, reavivaron el debate sobre el rumbo institucional de las políticas públicas vinculadas a la violencia de género.

En el plano operativo, el ministro también apuntó contra el sistema judicial. Cuestionó duramente la concesión de prisiones domiciliarias a agresores sin controles efectivos y reveló que, pese a contar con miles de tobilleras electrónicas disponibles, su utilización es mínima. Para Riera, permitir que un violento vuelva a su entorno sin un monitoreo estricto expone a las víctimas a un riesgo extremo y refleja fallas graves en la coordinación entre jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.

En su diagnóstico, el Estado llega tarde cuando la violencia ya está desatada y, sin un compromiso activo del entorno cercano, resulta casi imposible anticiparse. "La alternativa sería poner un policía en cada casa", ironizó, para subrayar que la prevención no puede descansar únicamente en la respuesta estatal, sino también en la responsabilidad social y familiar.

Así, mientras el Gobierno convoca a una cumbre para enfrentar la crisis de feminicidios, el debate de fondo queda abierto: si el camino pasa por reforzar el enfoque de género o por desplazar el eje hacia la familia como núcleo preventivo. En un contexto de cifras alarmantes y sensibilidad social extrema, la discusión trasciende lo técnico y se instala en el corazón mismo de las políticas públicas, con implicancias políticas que van mucho más allá de la coyuntura.