Represión policial que atropella principios democráticos
La Cámara de Diputados se pronunció de manera contundente tras los hechos registrados en el microcentro de Asunción. A través de una resolución, la institución expresó su repudio contra la represión policial ejercida de manera injustificada y solicitó explicaciones claras sobre los procedimientos utilizados. Los legisladores pidieron además identificar responsables y sancionar a quienes hayan ordenado o ejecutado los abusos. El mensaje de la Cámara dejó en evidencia la preocupación por el retroceso en derechos ciudadanos y el impacto que esto tiene en la confianza hacia las instituciones.
La marcha de la Generación Z
El domingo 28, cientos de jóvenes autoconvocados salieron a las calles bajo la consigna de la Generación Z Paraguay. El punto central de la manifestación fue el Congreso, con reclamos contra la corrupción, la falta de transparencia y la impunidad. La movilización arrancó de manera pacífica, pero se encontró con un despliegue policial inédito, con vallas, agentes antimotines, carros hidrantes y efectivos del Grupo Lince apostados en distintos puntos del microcentro.
El estallido del operativo
El ambiente se tensó cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar hacia la plaza frente al Congreso. La reacción policial fue inmediata: gases lacrimógenos, golpes de bastón y empujones marcaron el inicio de una represión que se extendió durante horas. Las imágenes de uniformados arremetiendo contra jóvenes, motociclistas embistiendo a manifestantes y la violenta detención de una mujer vestida de enfermera generaron indignación en redes sociales y multiplicaron las críticas al operativo.
Detenciones y liberaciones
El saldo inicial de la jornada fue de 28 personas detenidas, trasladadas a la Agrupación Especializada. Sin embargo, al día siguiente la mayoría recuperó la libertad al no encontrarse pruebas para imputarlos. A la salida, los jóvenes denunciaron haber sido arrestados sin motivo y relataron golpes y maltratos. La Policía, por su parte, intentó justificar las detenciones con un listado de objetos incautados que incluía elementos insólitos como un brillo labial, cordones de zapatos, guantes de látex y hasta una banana, lo que terminó ridiculizando aún más el procedimiento.
Reclamos de la ciudadanía
Lo ocurrido despertó la reacción inmediata de organizaciones civiles, académicos y gremios profesionales, que advirtieron sobre la criminalización de la protesta juvenil. Los cuestionamientos apuntaron no solo al uso desproporcionado de la fuerza, sino también a posibles tareas de espionaje digital por parte de la unidad de Cibercrimen de la Policía, que habría accedido a grupos de mensajería utilizados para organizar la marcha sin autorización judicial.
Exigencia de respuestas
Con la resolución de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo queda obligado a dar explicaciones. Se reclama conocer quién dio las órdenes, qué protocolos se aplicaron y por qué se actuó con un nivel de violencia que no se corresponde con una manifestación pacífica. El repudio parlamentario, sumado a la indignación ciudadana, pone bajo la lupa la conducción de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
Un desafío para la democracia
La represión del 28 de septiembre no solo dejó el recuerdo de gases y golpes, también instaló un desafío institucional: demostrar que la democracia paraguaya es capaz de garantizar el derecho a la protesta sin recurrir al miedo y la violencia. La Generación Z irrumpió en las calles con demandas de cambios y mayor transparencia, y la respuesta estatal marcará el rumbo de la relación entre las nuevas generaciones y las instituciones en los próximos años.
